Duro Golpe para el Exalcalde de Cartagena

William Dau Chamat, exalcalde de Cartagena, ha sido inhabilitado por nueve años por la Procuraduría General de la Nación debido a presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19 en 2020. La medida también afecta a Álvaro José Fortich Rebollo, exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), quien recibió la misma sanción.

Las Irregularidades en el Contrato

El fallo, emitido el 5 de julio por la procuradora delegada Yolanda Reyes, señala que Dau permitió la contratación con Ventas, Marketing y Distribución Ltda., una empresa que, según la Procuraduría, no tenía la capacidad para ejecutar el contrato de $725 millones. Además, se descubrió que la empresa no estaba habilitada por el Invima para comercializar las pruebas y que los precios unitarios eran superiores a los ofrecidos por otros laboratorios.

Detalles del Fallo

El fallo disciplinario de 86 páginas explica que la empresa contratada no contaba con la disponibilidad necesaria de pruebas, lo que llevó al incumplimiento del contrato. La Procuraduría determinó que Dau «infringió de manera sustancial su deber funcional», generando un perjuicio para el erario y la gestión pública.

Reacciones y Consecuencias

La sanción impuesta a William Dau ha generado diversas reacciones. El presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la decisión, invitando a los ciudadanos afectados por la pérdida de derechos políticos a interponer una demanda contra la Procuraduría. Petro argumenta que ninguna autoridad administrativa debería suspender derechos políticos, siguiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Futuro del Caso

Contra la decisión de la Procuraduría procede el recurso de apelación ante la Sala de Servidores de Elección Popular. La sanción cobrará efecto una vez la decisión sea firme, y no es procedente el recurso extraordinario de revisión en este caso.

Conclusión

La inhabilitación de William Dau representa un capítulo significativo en la lucha contra la corrupción y las irregularidades en la gestión pública. La medida de la Procuraduría subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la administración pública, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia de COVID-19.