Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), realizó graves denuncias en una entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA. López mencionó al congresista Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes dentro del escándalo de corrupción.

«Se vendió», declaró López de manera categórica sobre Manzur. Según López, el escándalo de los carrotanques, que inicialmente parecía limitado a la compra de estos vehículos, en realidad involucra a altos funcionarios. «El presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso», reveló.

López explicó que la corrupción implica una colaboración entre varias partes: quienes ofrecen sobornos y quienes los aceptan. «Para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una. El que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes, el que recibe», añadió.

El exdirector de la UNGRD aseguró tener documentación y pruebas que demuestran estas acusaciones, y afirmó que las órdenes que ejecutó no fueron de su propia iniciativa, sino que las recibió de otros altos funcionarios.

López se comprometió a entregar todas las pruebas que posee contra Manzur a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, buscando un principio de oportunidad para revelar toda la verdad y proporcionar todas las evidencias.

En la entrevista, López manifestó su intención de exponer la corrupción en la clase política colombiana, implicando a más congresistas y funcionarios del Gobierno Petro. También expresó su temor por su vida, afirmando que ha recibido amenazas y solicitando mayor protección para él, su familia y sus abogados.

En la próxima edición de SEMANA, que saldrá este sábado, se publicará la entrevista completa de Vicky Dávila con Olmedo López, donde se espera que se revelen más detalles sobre el escándalo. López también presuntamente, implicaría al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, señalándolo como una pieza clave en este esquema de corrupción relacionado con un contrato de 40.000 millones de pesos para la compra de carrotanques en La Guajira, con sobrecostos destinados a pagos indebidos a políticos.