El Colectivo Justicia Racial viene acompañando a familias y comunidades que han sido víctimas de violencia policial, la cual ha dejado 6 jóvenes y 2 niños negros asesinados por la policía y otros han sido víctimas de montajes judiciales, particularmente en situaciones vinculadas al perfilamiento racial y abuso de autoridad, entre otros. Estos casos ponen de manifiesto un problema estructural profundo en el país, revelando un trato discriminatorio sistemático hacia las comunidades afrodescendientes.

En este contexto, el colectivo presenta una selección de casos en los que actualmente está involucrado, donde se devela la gravedad de la problemática en diversas situaciones Lamentables, dichos casos representan la arbitrariedad policial que afecta a la población afrodescendiente en Colombia.

Milton Andrés Perlaza Ruiz: de 17 años en Pradera en el Valle del Cauca fue víctima de brutalidad policial el 28 de junio de 2023, un agente de policía hace uso de su arma de dotación impactando a la víctima en la pierna y posteriormente sometió a golpes a este joven, quien habría sido trasladado a un centro hospitalario y fallece horas después. En este caso, la Fiscalía 136 Seccional de Pradera inicialmente decidió remitir el caso a la Justicia Penal Militar por competencia funcional, pero luego revocó esa decisión tras la objeción de otra parte. Ahora, la Fiscalía 213 DECVDH (Dirección Especializada Contra las Violaciones de Derechos Humanos) está a cargo de la investigación preliminar, recopilando pruebas y testimonios relacionados con la presunta participación de un uniformado en el asesinato de un menor. 

La Fiscalía ha realizado entrevistas a testigos y llevó a cabo diligencias en octubre de 2023 en Pradera Valle para recopilar información esencial. A pesar de que la Fiscalía tiene acceso a la mayoría de los elementos de conocimiento, la representación legal aún no ha podido acceder a ellos más allá de los testimonios que han contribuido. Además, el 5 de agosto de 2023, se solicitó la separación del servicio del uniformado implicado, y el Ministerio de Defensa informó que se inició una indagación oficial sobre el caso. (De este caso se cuenta con el testigo del caso que habla de manera confidencial)

Zamir Martínez Pacheco: un joven afrodescendiente de 24 años que fallece por herida de bala propinada el 15 de junio de 2023 en circunstancias de brutalidad policial durante un procedimiento en el barrio Brisas del Diamante de Ciudad Bolívar de Bogotá. Sin embargo, aunque testigos solo mencionan una herida de bala, la familia reporto fracturas, golpes y heridas no registradas inicialmente en el cuerpo que les fue entregado. Este caso está en la etapa de investigación preliminar desde el 15 de junio de 2023 y fue asignado a la Fiscalía 371 Local de la Unidad de Delitos Contra la Vida e Integridad Personal – Elite Dolosos de la Seccional Bogotá. En julio y agosto de 2023, la fiscalía emitió órdenes para entrevistar a testigos.

El 8 de agosto de 2023, la representación de las víctimas solicitó la designación de un fiscal de apoyo especializado en violaciones a los derechos humanos, pero aún no ha recibido respuesta. Se espera que la fiscalía actúe con rapidez para concluir esta etapa e iniciar las audiencias preliminares ante el juez de control de garantías.

El 13 de octubre, la Fiscal 213 fue designada como fiscal de apoyo y Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, adscrita a la Dirección Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos, considerando la naturaleza del delito bajo investigación y la condición de las víctimas. (De este caso se cuenta con dos testigos del caso que hablan de manera confidencial)

Johan Esteban Infante Cuervo: de 27 años resulto víctima de un impacto de bala en un operativo antidroga de la Policía Nacional en Playa Blanca, Cartagena en el departamento de Bolívar donde interviene para pedir a oficiales que no usen fuerza excesiva a un amigo que requisan, en medio del procedimiento resulta herido mortalmente por el disparo de un oficial que detona su arma. El joven no recibe atención médica y fallece en el lugar.

En este caso El 23 de octubre de 2023, la Fiscalía 213 especializada en derechos humanos de Bogotá asume la investigación gracias a las solicitudes del colectivo de abogados Justicia Racial. El 26 de octubre de 2023, se lleva a cabo la captura en Cartagena del uniformado que detona el arma, seguida de la audiencia de legalización de captura dentro de las 36 horas posteriores. El 30 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Cartagena dicta medida de aseguramiento en centro carcelario para el Uniformado. El apoderado de la parte demandante ha presentado un recurso de apelación contra esta decisión, que actualmente está a la espera de resolución por parte del superior. (De este caso se cuenta con video del procedimiento)

Alex Johan Borja Cortés: de 28 años, cumple una condena de 35 años por homicidio y porte ilegal de armas desde abril de 2021. Aunque estuvo con seis personas en lugares públicos en la capital del Valle, Cali durante el crimen por el cual lo inculpan, la Fiscalía no considero los testimonios y tampoco los videos que demuestran que el joven se encontraba en un lugar distinto a la hora del crimen. En el caso penal de Alex Johan Borja Cortés, el proceso comenzó en el Juzgado 15 Penal del Circuito en Santiago de Cali, que emitió una sentencia condenatoria de 35 años de prisión el 30 de abril de 2021. Actualmente, el caso está en la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, bajo el Magistrado Ponente Carlos Antonio Barreto Pérez.

El 18 de octubre, Justicia Racial presentó una solicitud especial al Tribunal buscando la absolución de Borja Cortés, alegando irregularidades en el proceso que impiden un fallo condenatorio. También solicitaron la nulidad de la actuación, al menos desde las objeciones durante la audiencia preparatoria del Juicio Oral. Hasta la fecha, el Tribunal no ha respondido a esta solicitud, lo que llevó a la presentación de una acción de tutela el 22 de noviembre de 2023.

El caso de Alex Johan Borja presenta evidencias visuales que lo sitúan en un lugar diferente en el momento del homicidio. Además, se evidencia que la madre de la víctima fue inducida a reconocer al presunto asesino mediante una fotografía, a pesar de no estar presente en el lugar y estar recibiendo la noticia del fallecimiento de su familiar. En este contexto, es evidente que el proceso no cumple con los estándares de un juicio justo. (De este caso se cuenta con video y testigo del caso que habla de manera confidencial)

El pasado 22 de noviembre del año 2023, se interpuso una acción de tutela con el propósito de que el H. Magistrado se pronunciará dada la evidente mora judicial, habiendo transcurrido más de dos años de la interposición del recurso de alzada sin una resolución pronta del mismo.

Después de cinco (5) años en prisión y una condena de 35 años, el pasado 18 de diciembre del año en curso, El Tribunal Superior de Cali, en su Sala Penal revocó la sentencia dictada por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali, absolviéndolo de todos los cargos.

Ali Bantú Ashanti, director de Justicia Racial, destaca que estos casos no solo revelan el impacto de los inadecuados procedimientos policiales en personas afrodescendientes, sino que también presentan características de «falsos positivos» con connotación racial. Dado que, las circunstancias y acciones de la Policía podrían estar siendo manipuladas y presentadas de manera errónea para justificar su actuación, especialmente en estos incidentes que involucran a personas afrodescendientes.

Según el estudio Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina Además de ser víctimas de homicidio en mayor medida los jóvenes afrodescendientes corren riesgos considerables de ser registrados en la calle, debido a los controles policiales con sesgo racista, y son detenidos y encarcelados con mayor frecuencia y condenados a penas más severas. En este contexto, se enfatiza la necesidad de promover la igualdad de trato y garantizar la seguridad para todos, independientemente de su origen étnico.

“Desde Justicia Racial se aboga por una reforma institucional en la Policía Nacional que fomente la responsabilidad y el respeto por los derechos humanos, erradicando cualquier forma de abuso y asegurando que cada miembro actúe ética y profesionalmente. La lucha contra la violencia policial y el racismo estructural requiere de un compromiso continuo de las autoridades y la sociedad civil en un país diverso como Colombia” Dijo, Ali Bantú Ashanti, director del Colectivo Justicia Racial.