La ley de Seguridad Ciudadana establece la pena de 58,3 años de prisión para quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública, un menor de edad, un defensor de derechos humanos o un periodista.
Según el ministro del Interior, Daniel Palacios, la Ley «pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle».
Ante esto, las Empresas Colombianas para Seguridad Privada (ECOS) se han propuesto dar mayor cubrimiento a la seguridad de la ciudadanía y establecer rangos de vigilancia en zonas específicas para salvaguardar la vida.
Como resultado, se ha evidenciado el incremento de seguridad en las calles, lugares públicos y privados que requieran una vigilancia estratégica.
«El sector cuenta con 18.000 supervisores y 12.000 operadores tecnológicos entrenados para atender cualquier tipo de emergencia o denuncia por parte de la ciudadanía», dijo José Saavedra, presidente de ECOS.
«Además, se cuenta con las cámaras que tenemos a disposición en las calles de las ciudades para tener una vigilancia constante y confiable», destacó sobre el particular Saavedra.
El gremio anunció que estas medidas serán para garantizar aún más la seguridad en todos los puntos de vigilancia que se tiene a cargo, al igual que acompañar a los ciudadanos en la adaptación de la ley de Seguridad Ciudadana.
A su vez, se estableció el compromiso de defender a la ciudadanía de las delincuentes y darán tranquilidad frente a la inseguridad que se vive hoy en día.
