El anuncio fue realizado por el subdirector de la entidad, Carlos Chinchilla Imbett, en la sesión del noveno informe de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas. La cifra de atención engloba la atención a 3.828 hogares de la zona 1, para la cual se realizaron preinscripciones el pasado mes de diciembre.

El subdirector de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, Carlos Chinchilla Imbett, anunció este martes (21 de febrero) que la entidad tendrá 11.450 hogares participantes durante la intervención actual (2022-2023) del programa Familias en su Tierra, con el que ofrece atención integral a hogares víctimas de desplazamiento. Esta cifra incluye 3.828 hogares de la zona 1, para la cual la entidad anunció atención en diciembre pasado. Familias en su Tierra es un programa que contribuye a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado, que han retornado a su tierra o han sido reubicados. Como intervención integral que es, incluye el fortalecimiento del capital humano y social, la seguridad alimentaria, la habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos.

Esta es la novena intervención del programa. Los cupos están distribuidos en cuarenta municipios, de diecisiete departamentos, que la entidad agrupa en tres zonas de intervención. Para la ejecución, Prosperidad Social destinará más de 101.437 millones de pesos ($101.437.929.299). Los departamentos con más cupos son Antioquia (2.400), Cauca (1.651) y Norte de Santander (1.440). En la zona 1 ya está en implementación. Para la zona 2, comenzó esta semana el trabajo de articulación municipal, para definir las veredas y corregimientos a donde llegará el programa. Se prioriza los de mayor concentración de hogares víctimas. Y para la zona 3 se espera que inicie proceso las próximas semanas. Chinchilla expuso esta y otras acciones de Prosperidad Social para el cumplimiento de la Ley de Víctimas (1448 de 2011), durante la sesión de seguimiento a las recomendaciones del noveno informe de la Comisión para el Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la ley (CSMLV), este martes. La comisión está conformada por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la República y representantes de las Víctimas.

Durante la sesión la entidad expuso también estados, avances y resultados en otros programas con los cuales la entidad respondió a las recomendaciones de la comisión: 1.968 jóvenes víctimas atendidos durante 2022 con el piloto Jóvenes Transformadores (en alianza con Propacífico) y 1.113 víctimas entre los participantes del cuarto bono de impacto social (BIS) que ejecuta –en alianza con la Corporación Inversor–, en Medellín, Barranquilla y Bogotá. La Ley de Víctimas establece medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido, a recibir justicia y a que los hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir. Ordenó la conformación de la CSMLV, para hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en esta ley, y entregar los informes al Congreso de la República.