La Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín ha solicitado formalmente al Concejo y al municipio de Medellín que incluya en el Plan de Desarrollo Municipal las órdenes de una sentencia del Consejo de Estado que obligan al reasentamiento de la población en riesgo que habita cerca de la quebrada La Picacha (en el corregimiento Altavista).

“Esperamos que durante mayo pueda integrarse dentro de los proyectos todo lo concerniente al cumplimiento de las providencias judiciales en el caso de esta zona”, explicó Erika Castro, docente de la UdeMedellín. Esto daría solución a una problemática que la población ha venido reclamando desde 2013.

Según explicó Castro, para que esto sea una realidad, la Clínica Jurídica entregó una propuesta al Concejo de Medellín para que se incluyan las obras y el proceso de reasentamiento de los habitantes cercanos a la quebrada La Picacha, todo esto tras el acompañamiento que se ha hecho a los habitantes del sector.

“Actualmente ni el municipio de Medellín ni el Isvimed tienen un proyecto especial para hacer el reasentamiento de las personas en la quebrada La Picacha y que todavía habitan zonas de alto riesgo y por eso es la solicitud de la Clínica Jurídica”, agregó la docente.

Aún es incierto el número de familias y de personas que están en riesgo en esa zona, aunque se calcula que son alrededor de 188 familias tan solo en un sector conocido como San Pablo.

“La tutela ordena hacer una actualización de los censos, debido a que han pasado muchísimos años y tenemos nuevos habitantes en la zona. De todas maneras, tenemos que recordar que al incumplirse las medidas cautelares tampoco en su momento se hicieron los censos completos en la quebrada La Picacha”, agregó la docente.

Y es que la problemática en esa zona ha sido extensa y se remontan a abril de 2013 cuando cuatro presidentes de juntas de acción comunal, de la comuna 16 Belén, y del Corregimiento de Altavista, presentaron una acción popular en contra del municipio de Medellín, Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por el incumplimiento del Plan Integral de Ordenamiento de la Microcuenca La Picacha.

Dicha acción popular se presentó durante la temporada de La Niña, en el año 2011, cuando el 18 de diciembre hubo una avenida torrencial y las inundaciones afectaron a más de 250 familias.

La situación ha pasado por varias etapas, incluso acciones de tutela a lo largo de los años que culminaron en la sentencia del Consejo de Estado. Es por esto por lo que la docente y los habitantes de la zona están esperanzados que sus años de lucha culminen a buen término y comience la caracterización de las familias y el posterior reasentamiento.