El Tribunal Administrativo de Cudinamarca tomó una trascendental decisión en las últimas horas, tras ‘tumbar’ la lista de candidatos elegibles para ser el nuevo Contralor General de la República, la cual había sido ‘confeccionada’ por el Congreso y que iba a ser sometida a votación.

En su fallo, el alto tribunal ordenó a la Comisión Accidental del Senado y la Cámara de Representantes a rearmar la lista, debido a que se deben tener en cuenta los resultados del concurso de méritos efectuados a los aspirantes al cargo y que se debe respetar la equidad de género.

«Acceder a la medida cautelar solicitada, en consecuencia, ordénese a la Comisión Accidental del Congreso de la República rehacer la lista de elegibles (10) para el cargo de Contralor General de la República conforme los criterios de selección fijados», se fijó en el auto.

Según los argumentos expuestos en el fallo, la hoja de vida de una de las aspirantes, María Fernanda Rangel, además de ser la mejor ponderada entre las mujeres por la Corte, a su vez es la que mejor calificación logró en los exámenes de admisión para pretender el cargo.

«Tampoco se observó el mérito que propugna respetar el Congreso de la República, máxime porque no hay razón válida para desconocer a un participante con el segundo mejor puntaje», resaltó el Tribunal de Cundinamarca.

«Y no haber incluido de forma igualitaria las mujeres con mayor puntaje que otros hombres que sí fueron incluidos, incluso con el incumplimiento de requisitos formales para el cargo», agregó el mencionado órgano.

Esta decisión contó con la ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, quien le dio trámite a la demanda interpuesta por la ciudadana Dalal Karime Dager Nieto. Con ello se desestimó la lista que desde abril había sido elaborada, con ocho hombres y solo dos mujeres.

Cabe destacar que la disposición legal vigente establece que la cuota para la participación de las mujeres es de, como mínimo, el 30% de los cargos libre nombramiento y remoción de la rama ejecutiva, y demás cargos de máximo nivel decisorio en el Estado.

Así pues, la votación que había sido programada para el próximo 3 de agosto por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, ya no se llevaría a cabo. Desde algunos sectores del Pacto Histórico se analiza los alcances de esta determinación.