Los trabajadores de la empresa Caribemar de la Costa – Afinia, filial del Grupo EPM, han expresado su rechazo a los racionamientos de energía impuestos en diversas comunidades vulnerables de la Costa Atlántica.
Según denuncian los empleados, la compañía implementa estas medidas mientras sigue sin corregir presuntas irregularidades en su gestión financiera y administrativa, lo que ha generado malestar tanto entre la población afectada como en el sector laboral.
Estrategia calculada y perjuicio a trabajadores
Los racionamientos de energía parecen responder a una estrategia para generar descontento social y debilitar internamente a los trabajadores. De acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol), la empresa busca torpedear el proceso de negociación colectiva que se adelanta actualmente con responsabilidad y transparencia.
“De manera perversa y premeditada, Afinia ha cambiado la fecha de vencimiento de las facturas de energía, estableciendo ahora un cobro mensual,” denuncian los trabajadores. Según ellos, esta decisión administrativa ha impactado negativamente el flujo financiero de la empresa, generando una crisis interna que se calcula en pérdidas superiores a los 130 mil millones de pesos mensuales.
Exigen acción del Estado
Los voceros del sindicato consideran que estas acciones deben ser sancionadas con severidad por las autoridades, ya que representan una irresponsabilidad administrativa que compromete la estabilidad financiera de la empresa y la continuidad del servicio.
“Es inaceptable que, mientras se sacrifican los derechos de las comunidades y trabajadores, Afinia no brinde explicaciones claras sobre sus cuentas ni su gestión financiera. La empresa pretende victimizarse ante una crisis que ella misma ha generado,” señalan los sindicalistas.
Ante esta situación, exigen la intervención inmediata del Estado colombiano. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que ha recibido funciones de control por parte de la Contraloría General de la República, debe tomar cartas en el asunto. Asimismo, el Ministerio de Minas y Energía debe investigar a fondo estos hechos y garantizar el respeto a los derechos laborales y a la prestación eficiente del servicio público de energía en la región.
Foto cortesía: Colprensa
