La Superintendencia de Sociedades decretó este lunes la apertura del proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Real Business S.A.S. y de María Camila Morales y Andryun Ríos, por presunta captación ilegal de dinero, bajo la modalidad del esquema piramidal.

La apertura del proceso se inició en virtud de la remisión de la actuación administrativa por parte de la Superintendencia Financiera, que ordenó la suspensión inmediata de las operaciones que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público.

Adicionalmente, la devolución inmediata de los recursos que habrían sido captados ilegalmente y la remisión a la Supersociedades para la intervención. También la Superintendencia Financiera remitió este expediente a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia.

«Hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en esquemas de captación ilegal, que pueden ser identificados cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero», manifestó el Superintendente encargado, Andrés Barreto González.

«Es importante que antes de hacer cualquier inversión verifiquen si las actividades están autorizadas», precisó Barreto, en el proceso adelantado por la Delegatura de Procesos de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

La intervención estatal en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 4334 de 2008, tiene dos objetivos fundamentales según explicó la entidad: Suspender de manera inmediata las operaciones o negocios y permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados.

Dentro del proceso fue designado como interventor Andrés Felipe Zuluaga Sierra.

El proceso 

De acuerdo con la Supersociedades, los implicados en este escándalo recibieron recursos de al menos 4.743 personas. Hasta ahora, la Superintendencia ha logrado establecer que se captaron ilegalmente recursos al menos por $11 mil 903 millones, recibiendo supuestas inversiones que iban desde $100 mil hasta $50 millones.

Los captadores ofrecían el retorno de la inversión, más rentabilidades fijas entre el 3% y 9%, en 12 meses, sin explicación financiera razonable, y sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios. Cuando la inversión era superior a 10 millones de pesos se presentaba a través de un «contrato de mandato en administración de aportes económicos para actividad comercial».

El esquema funcionaba activamente a través de redes sociales como Instagram, correo electrónico y voz a voz, con la fachada de apoyar emprendimientos, con énfasis en el empoderamiento de mujeres y la promesa de invertir los recursos captados en operaciones de trading e inversiones en activos financieros o en Criptoactivos.