La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha revelado una deuda significativa de Cafesalud EPS, tras la finalización de su proceso de liquidación. ATEB Soluciones Empresariales S.A.S., firma mandataria encargada de la liquidación, entregó un informe que generó preocupación en el sector salud.
Luis Carlos Leal Angarita, Superintendente Nacional de Salud, expresó su inquietud ante las irregularidades financieras. «Este proceso no puede considerarse exitoso», afirmó. Según el informe, mientras las IPS y hospitales reclamaban más de 8,8 billones de pesos, el liquidador solo reconoció 1,3 billones y pagó 66 mil millones a los prestadores.
Además, el proceso de liquidación de Cafesalud costó 77.846 millones, cifra superior a la deuda reconocida a las IPS públicas, privadas y mixtas. Leal Angarita denunció que la extinta EPS cubrió menos del 5% de su deuda, agravando la crisis del sistema de salud en Colombia.
#EnVideo📽 | Para la Superintendencia Nacional de Salud el proceso de liquidación de la que fuera una de las EPS más grandes del país estuvo cargado de irregularidades y deja una pérdida inmensa para el Sistema de Salud. #Cafesalud #Noticia pic.twitter.com/yEZkSJJPS2
— Supersalud (@Supersalud) October 1, 2024
Durante el proceso, salieron a la luz otras irregularidades. Leal mencionó que se adoptaron prórrogas sin justificación normativa y que no se liquidó legalmente la entidad, lo que generó un aumento en los gastos administrativos. Según la Oficina de Liquidaciones de la Supersalud, los honorarios del liquidador se incrementaron de 144 millones a más de 391 millones. Asimismo, el valor del mandato se duplicó, alcanzando los 1.215 millones.
Leal Angarita subrayó que esta situación no es exclusiva de Cafesalud. «Otras EPS también han dejado deudas millonarias», señaló, y agregó que la deuda reconocida a prestadores asciende a 8,4 billones, aunque se reclamaron más de 30 billones.
Por estas razones, la Supersalud presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, solicitando que se investiguen las irregularidades cometidas tanto por el agente liquidador como por la firma mandataria.
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