La Superintendencia Nacional de Salud ha lanzado 34 órdenes para fortalecer la calidad de los servicios de salud en el Chocó. Esta acción forma parte de la estrategia «Territorios Vitales: Cuidando Recursos, Protegiendo Vidas» y se centra en la atención de las zonas más vulnerables. También busca mejorar la coordinación entre las entidades territoriales, aseguradoras y prestadores de servicios.

“Las órdenes que emitimos hoy son urgentes. No podemos permitir dilaciones cuando se trata de la salud de las personas”, afirmó Luis Carlos Leal, superintendente Nacional de Salud, durante el cierre de la jornada, que incluyó 27 actividades.

Entre las principales acciones, la Supersalud ordenó la adecuación y puesta en funcionamiento de la Unidad Intermedia de Salud El Caraño en Quibdó. Además, se realizarán visitas constantes a los hospitales de la red pública para asegurar condiciones mínimas de operación. También se exigió garantizar el traslado y la atención oportuna de pacientes, así como mejorar la contratación de servicios de especialistas.

Se establecieron directrices claras para la gestión de inventarios de medicamentos, su dispensación y la destrucción de fármacos vencidos. La implementación de procesos integrales de vigilancia en salud pública, la disponibilidad de personal capacitado y la optimización del análisis de casos de mortalidad en menores de cinco años y en mujeres embarazadas también son parte de las órdenes.

El superintendente Leal subrayó el compromiso de la Supersalud con las comunidades para mejorar su calidad de vida y garantizar el cumplimiento de los derechos en salud de manera eficiente.

Actividades en Territorio

La jornada de “Territorios Vitales” comenzó con la presencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien anunció inversiones superiores a 52 mil millones de pesos para construir un nuevo hospital de segundo nivel y fortalecer el Hospital Eduardo Santos, ambos ubicados en Istmina.

En este municipio se llevaron a cabo dos actividades de participación ciudadana: un Diálogo con la Supersalud y una jornada de atención al usuario. Más de 200 personas participaron en el diálogo, exponiendo las problemáticas de salud en la región, mientras que en la jornada de atención se gestionaron 76 reclamos, principalmente por retrasos en la entrega de medicamentos y autorizaciones para consultas médicas.

Se visitó la Unidad Intermedia de Salud El Caraño, donde se constató un estado crítico de abandono, a pesar de la inversión de más de 9.000 millones de pesos en su construcción y adecuación. También se revisó la prestación de servicios en los hospitales Ismael Roldán y la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís.

Tras una auditoría, la Secretaría de Salud del Chocó ordenó el sellamiento temporal de los servicios de farmacia e imágenes diagnósticas de la IPS Fundación Santa Sofía de Asís, en Quibdó. Asimismo, tras inspecciones al Hospital San José de Condoto y la IPS Caja de Compensación Familiar del Chocó, se impusieron medidas cautelares para corregir deficiencias en servicios farmacéuticos y mantenimiento de equipos biomédicos.

El equipo de la Delegatura de Operadores Logísticos y Gestores Farmacéuticos, encabezado por el superintendente Leal Angarita, inspeccionó las condiciones de dispensación de medicamentos en ocho gestores farmacéuticos. Se encontraron barreras administrativas y operativas que obstaculizan la entrega oportuna de medicamentos a los usuarios.

Abordando problemas críticos

Durante la jornada, se discutieron temas críticos como mortalidad materna, desnutrición, malaria y calidad del agua. Estos temas afectan directamente a la población y se abordaron junto con profesionales del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

Además, se reactivó la red de controladores, trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General, la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. En esta reunión se trataron temas como la situación judicial de la Unidad Intermedia de Salud El Caraño y problemas de salud pública, incluyendo la mortalidad materna y la desnutrición en menores de cinco años.

Una de las primeras acciones de la red fue estudiar el uso de más de 3.000 millones de pesos donados por el Banco Interamericano de Desarrollo, destinados a controlar la malaria. Se detectó un uso inadecuado de estos fondos, demoras en la devolución de saldos y una ejecución deficiente, lo que aumenta el riesgo de sanciones por parte del donante.

Finalmente, se identificó una falta de coordinación entre aseguradores y prestadores de salud, así como la escasez de seguimiento por parte de las autoridades en salud del departamento. Esta situación refleja debilidades en el cumplimiento de sus funciones.Lea también: En 2024, más de 4.700 personas han sido desplazadas a Medellín