Neiva, Huila (Colombia). Sábado 30 de noviembre de 2024 – @NacionPaisa – Las denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos judiciales contra el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, generan controversia en la ciudad. Según la Red de Veedurías de Colombia, cerca de una docena de casos permanecen en el «congelador», mientras otros habrían sido archivados de manera silenciosa, dejando a la ciudadanía sin respuestas claras.

Uno de los aspectos más cuestionados apunta al magistrado José Miller Lugo Barreto, del Tribunal Administrativo del Huila, quien tuvo un rol destacado en la posesión de Casagua Bonilla. Según la Red de Veedurías, este magistrado habría dictado fallos judiciales que favorecen al mandatario local, contradiciendo decisiones previas, como ocurrió en el caso del Plan de Desarrollo.

Acusaciones de irregularidades en la justicia

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, denunció la existencia de un posible «mecanismo de favorecimiento judicial» que beneficiaría al alcalde de Neiva. Según Bustos, los procesos clave relacionados con el mandatario serían asignados «casualmente» al mismo magistrado, quien anteriormente lo posesionó en un acto atípico que rompió con la tradición de realizarse ante un juez o notario autorizado.

«En algunos fallos se dice que es negro y en otros, bajo las mismas circunstancias, que es blanco. Lo curioso es que estos casos parecen siempre terminar favoreciendo al alcalde», afirmó Bustos.

Además, se cuestiona la falta de avances en las múltiples investigaciones abiertas contra el alcalde. Si bien se reconoce su derecho a la defensa y la presunción de inocencia, Bustos subrayó que las investigaciones deben progresar para esclarecer responsabilidades y evitar que los casos sean archivados por falta de trámite.

Acciones legales en curso

La Red de Veedurías anunció que tomará acciones legales tanto en Neiva como en Bogotá para denunciar estas presuntas irregularidades. Los ciudadanos de la capital huilense esperan que las denuncias permitan un mayor control y transparencia en los procesos judiciales relacionados con sus gobernantes.