Cartagena de Indias, enero de 2025 – Los sindicatos de trabajadores de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias manifestaron su rechazo a las recientes acusaciones del Distrito, que cuestionan la legalidad de las actuaciones de la Contraloría en allanamientos a dependencias de la Alcaldía.
La Contraloría Distrital es un órgano encargado de ejercer el control fiscal en el ámbito territorial, conforme a los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia. Su labor consiste en auditar y supervisar el uso de los recursos públicos para garantizar su correcta administración. La Ley 42 de 1993 y el Decreto Ley 403 de 2020 respaldan estas facultades, permitiendo visitas e inspecciones en entidades sujetas a su jurisdicción.
Las circulares emitidas por la Contralora Distrital, como la 014 y 015, tienen una fundamentación legal y técnica. Estas herramientas están diseñadas para promover la transparencia y la rendición de cuentas durante el cierre de la vigencia fiscal 2024. Su objetivo es preservar la integridad de la información pública y los recursos del Distrito.
Preocupación por reducción presupuestal
Los sindicatos señalan que la reducción del 31% en el presupuesto de la Contraloría para 2025 afecta directamente la capacidad de la entidad para cumplir con su misión de vigilar los recursos públicos. Advierten que vincular estas acciones de control con represalias presupuestales debilita la institución y pone en riesgo los intereses de la ciudadanía.
El comunicado enfatiza que la Contraloría actúa dentro del marco legal y que la negativa de la Alcaldía a permitir auditorías puede interpretarse como una falta de colaboración con los organismos de control. Citan el artículo 209 de la Constitución, que obliga a las entidades públicas a regirse por los principios de legalidad y transparencia.
Rechazo a la desinformación
Los sindicatos rechazaron cualquier intento de politizar las labores de la Contraloría y reafirmaron su compromiso con la protección de los recursos públicos. Reiteraron que el control fiscal es un mandato constitucional, independiente de las tensiones políticas.
«Nuestro deber es con la ciudadanía y con la transparencia en el manejo de los recursos. Invitamos al Distrito a colaborar y demostrar su compromiso con la legalidad», concluyó el comunicado.
