Hoy Shakira ha reconocido su participación en fraude fiscal en España, aceptando pagar una cuantiosa multa de 7,3 millones de euros a cambio de una pena reducida que la exime de la prisión. La artista confesó ante el tribunal de Barcelona que defraudó a las autoridades fiscales españolas con 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014.
Por su parte, el equipo legal de Shakira llegó a un acuerdo de última hora con los acusadores privados y la fiscalía, evitando el juicio programado que iba a comenzar el lunes. El juicio tenía como objetivo determinar si Shakira había eludido el pago de impuestos al afirmar falsamente residir fuera de España durante los años mencionados.
Lea también: Gerard Piqué explota contra fans de Shakira
Según el acuerdo, el tribunal condenó a Shakira a tres años de prisión e impuso una multa de 7,3 millones de euros, una cantidad significativamente menor en comparación con la demanda inicial de 23,7 millones de euros. Es importante resaltar que el acuerdo ofrece a Shakira la opción de evitar la prisión realizando un pago total de 432,000 euros, equivalente a 400 euros por cada día que habría pasado tras las rejas.
¿Cuánto pagó al fisco?
Antes de la audiencia del 20 de noviembre, Shakira reembolsó de inmediato a las autoridades fiscales españolas la suma completa defraudada de 14,5 millones de euros, junto con tres millones de euros adicionales en intereses. Esta restitución desempeñó un papel fundamental en asegurar un factor atenuante para su caso: la reparación del daño.
En un comunicado de prensa emitido después de los procedimientos legales, Shakira expresó alivio por la resolución: «Ganar es recuperar mi tiempo; mis hijos me lo han pedido». El equipo de defensa de la cantante, acompañado por la propia Shakira, se presentó en la mañana de la audiencia para finalizar un acuerdo económico que pondría fin a la prolongada saga legal que se había extendido durante varios años.
La admisión de culpa de Shakira y el posterior acuerdo financiero marcan una victoria legal para la artista, pero también plantea preguntas sobre la aplicación de las regulaciones fiscales en la industria del entretenimiento.