Medellín, Antioquia (Colombia). 18 de julio de 2024. Se cae la ordenanza 27 del Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona. El mandatario de los antioqueños lamentó que no se pudiera sacar adelante el proyecto que buscaba mejorar la seguridad en el departamento a costas de más impuestos para las comunidades y la reincorporación de la Red de Cooperantes, estrategia de seguridad de Álvaro Uribe Vélez.

«Ante ponencia negativa se retira el proyecto de ordenanza que buscaba darle más recursos a la seguridad y proteger a los Antioqueños. Después de esa ponencia, es difícil salvarlo jurídicamente. Persisto en mi convicción de la seguridad como un bien de la República. Ahí me mantendré».

Aunque el Centro Democrático y Creemos tuvieran mayorías en la Asamblea de Antioquia, la ordenanza 27 no pasó, pero el Gobernador insiste en que buscará la forma de implementar su plan de seguridad.

«Pasamos por momentos muy turbulentos que demandan liderazgos firmes y compromiso de los ciudadanos. Se nos aplaza la consecución de fuentes para ubicar 10 mil cámaras; construir cárceles; y atender las múltiples emergencias que el cambio climático nos impone».

El Gobernador confirmó que el proyecto de ordenanza buscaba imponer más impuestos, a cambio de fortalecer la estrategia de seguridad y la red de cooperantes.

«Esta iniciativa buscaba una contribución de los sectores más pudientes. Espero Antioqueños que tengamos una mejor oportunidad para acoger una medida de esta naturaleza, siempre cuidando la progresividad que deben tener los tributos y la menor afectación posible a una averiada y golpeada economía», puntualizó.

El proyecto de ordenanza número 27 de la Asamblea de Antioquia proponía la creación de una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana. Con esta iniciativa se buscaba recaudar recursos para fortalecer la seguridad en el departamento, lo que ha despertado temores sobre un posible retorno de los frentes de seguridad que en el pasado facilitaron el crecimiento de grupos paramilitares en el país.

A espaldas de la ciudadanía y sin una discusión transparente con los afectados, el gobernador Andrés Julián Rendón quería firmar la ordenanza número 27, que aumentaba exponencialmente el cobro del servicio de energía eléctrica para algunos sectores. El nuevo impuesto se recaudaría a través del recibo de energía eléctrica, con el objetivo de financiar la seguridad y la convivencia en el departamento.

El documento firmado por el propio Rendón establecía que la base gravable para esta tasa se determinará mediante la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica. Las tarifas aplicables varían según el estrato socioeconómico: un aumento del 0.29% para estrato cuatro, 0.53% para estrato cinco y 0.93% para estrato seis.

El documento también señala que los comercializadores y distribuidores del servicio de energía eléctrica en Antioquia serán responsables de facturar y recaudar esta tasa, y deberán suministrar información al departamento con las características técnicas y plazos establecidos por acto administrativo.

Quienes estén obligados a pagar este nuevo impuesto debían hacerlo en los primeros 10 días calendario siguientes al vencimiento de cada periodo, según lo estipula la ordenanza número 27.

¿Pero para qué era esta plata de la Ordenanza 27?

En el plan de desarrollo del gobernador Rendón, se menciona como indicador la creación y fortalecimiento de grupos de apoyo de participación ciudadana para la seguridad, pero no se aclara cómo se fortalecerán ni quiénes los integrarán. La meta es crear 10 mil grupos bajo la supervisión de la Secretaría de la Seguridad y Justicia.

Desde Nación Paisa hemos enviado varias preguntas a la gobernación, las cuales hasta el momento no han sido respondidas.

¿Gobernador de Antioquia propone involucrar a la sociedad civil en el conflicto?

En diversas entrevistas, el Gobernador de Antioquia ha afirmado que la cooperación civil es fundamental para la seguridad en los territorios. Busca involucrar a las comunidades de forma voluntaria para que entreguen información que permita acertar golpes contra la criminalidad, implementando nuevamente la política de “Red de Cooperantes” del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ampliamente criticada por entes de control internacional y defensores de derechos humanos.

En el manual de la Red de Cooperantes, expedido por el gobierno de Uribe Vélez, se lee textualmente:

“Los retos que debe enfrentar Colombia para recuperar la paz y la seguridad son enormes. No obstante, los colombianos han comprendido que este propósito es posible, y que para lograrlo se requiere la participación de la sociedad ENTERA en apoyo de sus instituciones legítimas”.

Además, indica que:

«El presente Manual de la Red de Cooperantes recopila la doctrina del programa, en aras de ser implementado en todas las Unidades Militares y de Policía del país, permitiendo con ello unidad de criterios, estandarización de procesos y sobre todo instrumentos de medición que permitan al Gobierno Nacional encontrar una orientación clara de la correcta ejecución del programa”.

Ante la documentación plasmada en este manual, cabe recordar la crítica situación que enfrentan las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que se podría poner en paralelo con las recompensas ofrecidas por el actual gobernador de Antioquia, lo que para muchos sería abrir nuevamente la puerta a los “Falsos Positivos”.

El informe de la CIDH y el auto de determinación de hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz advierten sobre las consecuencias de involucrar a la población civil en el conflicto armado, subrayando el riesgo de repetir los errores del pasado.

¿Quién nos asegura que los grupos de apoyo de participación ciudadana para la seguridad creados y fortalecidos no se conviertan en grupos paramilitares y se repita la historia? ¿Por qué hacen esto a escondidas de los antioqueños?