En un debate político y social se ha convertido la licencia que le fue otorgada por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la operación del proyecto piloto de extracción de petróleo en Puerto Wiches (Santander), mediante la modalidad de fracking.
Según el jurista Arnulfo Carrascal, experto en licitaciones ambientales, esta concesión pretendía «pasar de agache» ante la opinión pública.
En su concepto, «se atenta de manera grave el ecosistema y las aguas, además que no ha tenido en cuenta lo indicado por organizaciones ambientales e institucionales del país, otorgando un permiso amañado e ilícito, para la destrucción del medioambiente».
De esta manera, se anunció que se utilizarán todos los mecanismos jurídicos para ‘tumbar’ la resolución de la ANLA, que aprobó la licencia ambiental para el primer proyecto de fracking en el país.
En zonas que han sido «destruidas y socavadas por multinacionales que han dejado a su paso desolación, contaminación y muerte de los ecosistemas, como de los animales que emigraron o están en lista de extinción».
Así lo expresó Margarita Landaeta, presidenta de la Organización Ambiental SOS-Colombia.
«No existe licencia social en Puerto Wilches donde se rechaza el proyecto Kalé. Tenemos 10 días para presentar un recurso de reposición frente a la decisión de la ANLA», señaló la ambientalista.
«La semana pasada instauramos una tutela y tenemos otros mecanismos judiciales para suspender el permiso ambiental que entregó la ANLA a Ecopetrol», destacó.
Las organizaciones ambientalistas de Santander han demostrado que en dicha otorgación de licencia para la extracción de hidrocarburos se han evidenciado serias falencias en la definición del área de influencia, en los temas biótico, hidrológico, hidrogeológico y de salud, entre otros hallazgos técnicos relevantes.
«Es lamentable que la ANLA, en menos de seis meses, apruebe una licencia para el proyecto piloto de fracking sin la aprobación social de las comunidades de Puerto Wilches. No existen garantías», dijo, por su parte, Óscar Sampayo, de la Alianza Colombia Libre de Fracking.
Finalmente, los ambientalistas anunciaron que se están acoplando con demás organizaciones aún internacionales, con el fin de unir fuerzas y denunciar este acto.
Que consideran «ilícito y destructivo», por lo que continuarán las acciones jurídicas y movilizaciones para impedir el avance de los pilotos de fracking Kalé y Platero, con las que se daría apertura a más de 19.000 pozos que se proyectan desarrollar en la región del Magdalena Medio en su fase comercial.
