La Contraloría General de la República impuso una sanción fiscal al presidente de ISA y exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Andrés Carrillo Cardoso, debido al incumplimiento de obligaciones relacionadas con la empresa Providence and Kettlina Utilities Company S.A.S. E.S.P., que estuvo bajo su administración como agente especial en 2022.
El organismo de control determinó que Carrillo no reportó la información financiera de esta empresa en la Plataforma CHIP (Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario – CUIPO) correspondiente al cuarto trimestre de 2022, violando la normativa establecida en el artículo 20 de la Resolución Orgánica 0035 de 2020. La falta de transparencia y rigor financiero en su gestión motivó la sanción emitida mediante el Auto No. 016 del 31 de diciembre de 2024.
Contexto del caso
Providence and Kettlina Utilities Company, dedicada a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en Providencia y Santa Catalina Islas, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 31 de mayo de 2021, designando a EPM como agente especial bajo la representación legal de Carrillo.
El proceso sancionatorio inició en julio de 2024, cuando la Gerencia Departamental de San Andrés de la Contraloría formuló cargos contra Carrillo. Tras el trámite correspondiente, se concluyó que el exgerente de EPM incumplió con el reporte financiero obligatorio, incurriendo en una falta contemplada en el artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020.
Recursos presentados por Carrillo
Carrillo presentó recursos de reposición y apelación contra la sanción, los cuales aún están en trámite. Sin embargo, el proceso ha generado críticas por la falta de comunicación oportuna de esta situación por parte de ISA, empresa que preside desde septiembre de 2024.
Cuestionamientos públicos
El concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, denunció en sus redes sociales la negligencia de Carrillo en la administración de recursos públicos y cuestionó la transparencia de ISA al no informar al mercado sobre la sanción. Según el concejal, “la falta de rigor en la gestión pública de Carrillo ya ha quedado en evidencia”.
Implicaciones futuras
Este caso sigue generando inquietudes en el ámbito público y empresarial, poniendo en entredicho la gestión de Carrillo y la supervisión de las entidades involucradas. Mientras tanto, Providence and Kettlina Utilities Company continúa bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.
