La situación de los servicios de salud para los docentes en Antioquia ha llegado a un punto crítico. La Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) ha instado al Magisterio Público del departamento a declararse en Estado de Alerta debido a la amenaza inminente de suspensión de los servicios de salud a partir del 1 de agosto. Esta medida afectaría no solo a los docentes, sino también a sus beneficiarios.

La problemática surge tras una carta enviada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) a la Gerente Nacional de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), María Mercedes Petro Ramírez. En dicha carta, AESA notificó que los pagos correspondientes a los últimos tres meses no se han realizado, lo cual podría llevar a la suspensión de los servicios de salud.

Desde ADIDA, han manifestado su compromiso en vigilar de cerca el proceso y garantizar que se realicen los pagos oportunos por parte del FOMAG a la red pública de salud del departamento. “Solicitamos a los responsables de la atención en salud, tanto Fiduprevisora como AESA, que utilicen todas las herramientas posibles para evitar la interrupción de los servicios, y estamos dispuestos a actuar como veedores de los acuerdos que se logren”, informó la asociación.

Omar Arango, exdirigente de FECODE en Antioquia, expresó su preocupación por la situación, indicando que alrededor de 45 mil docentes podrían verse afectados. La crisis involucra a 125 hospitales públicos del departamento, que dependen directamente de los pagos del FOMAG.

Por su parte, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia ha comunicado que, debido al incumplimiento en los pagos, suspenderán los servicios de salud ambulatorios no urgentes para los maestros y sus beneficiarios a partir del 1 de agosto. Esta medida afectaría a aproximadamente 90 mil personas. Hasta el 31 de julio, los hospitales no habían recibido los pagos correspondientes a mayo y junio, y tampoco los contratos necesarios para formalizar la atención.

La crisis se originó con la implementación del nuevo sistema de salud del magisterio el 1 de mayo, que buscaba eliminar los operadores intermediarios, dejando la responsabilidad a la Fiduprevisora. Sin embargo, la falta de capacidad para gestionar rápidamente los contratos con más de diez mil instituciones de salud ha provocado numerosos problemas. Esto llevó a que el Congreso de la República realizara debates de control político y provocara la renuncia del gerente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín.

Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de AESA, explicó que los hospitales aceptaron atender a los maestros sin contrato durante mayo, junio y julio, pero la falta de pagos ha llevado a una situación insostenible. La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) también está considerando una medida similar a nivel nacional, lo que podría dejar sin servicios de salud a más de 800 mil afiliados del magisterio en todo el país.

La ausencia de contratos y pagos, junto con una auditoría cuestionada realizada por la empresa D&G, ha exacerbado la situación. Los hospitales públicos han dado un ultimátum: sin contratos y pagos, los servicios no urgentes serán suspendidos, afectando a miles de docentes y sus familias.