En un extenso informe de 300 páginas al que tuvo acceso la Unidad Investigativa de Nación Paisa, se observan graves hallazgos que dejan ver la podredumbre que existiría al interior de la SAE, las propiedades que están bajo su control además de convertirse en casas de prostitución, también serían centros ilegales de fabricación de licor adulterado, todo al parecer bajo la mirada cómplice de los directivos de la Entidad y las autoridades locales, los hechos fueron registrados en la ciudad de Cali.

Hasta allí llegaron los funcionarios de la Contraloría General de la Nación que quedaron sorprendidos al ver lo que estaba pasado.

“Era tan inesperada la situación que no lo podíamos creer ante nuestro ojos llegaron las niñas que se prostituian incluso creo que unos serán menores de edad», le dijo a Nación Paisa uno los investigadores.

En los establecimientos también había licor adulterado, la investigación estuvo a cargo de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia y fue el producto de varias denuncias recibidas gracias a ellos se culminó la auditoria a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), donde se identificaron hallazgos fiscales, penales, disciplinarios y administrativos sancionatorios, que fueron detallados, entre los más escandalosos se encuentran los siguientes:

* 20 hallazgos fiscales por valor de $28.056.865.126.
* 4 hallazgos con presunta incidencia penal.
* 30 que conllevan presunto alcance disciplinario.
* 2 con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio.
* 1 con otra incidencia.

El informe de 300 páginas precisa en que hay bienes perdidos en custodia de la SAE (relojes rolex), por un valor cada uno de $1.302.873.969, venta de equinos paso fino por debajo sustancialmente del valor comercial en libros por un valor tan solo de $99.428.569. Este hecho también llama la atención de las autoridades porque se trataría de animales incautados a la mafia que al parecer fueron vendidos a testaferros en Antioquia. También hay vehículos perdidos (31 taxis) por un valor de $1.836.024.000.

En las ciudades de Barranquilla, Cali, Medellín, Palmira y Bogotá se evidenciaron bienes ocupados irregularmente por años, a pesar de ser administrados por la SAE/depositarios, que asciende a la suma de $17.103.864.445, omisión en la gestión de cobro de cánones de inmuebles, que aparecen registrados en arriendo por la SAE, en una cuantía estimada de $2.267.745.521 en Medellín y Cali.

El escandaloso informe de 300 páginas da cuenta de posibles pagos de sobornos y pérdidas de vehículos incautados y que se encuentran custodiados por la SAE.

“Creación de beneficios tales como pago de comisiones a los funcionarios de la SAE por gestión de venta y arriendo de bienes incautados, siendo una actividad misional y en la que se investigará su legalidad”. señala el documento.

Entre los hallazgos también hay lingotes de oro. Estos habrían sido incautados a organizaciones criminales se trata de lingotes de oro registrados pero que una vez hecho el dictamen pericial la Fiscalía determinó que no era oro, sino que eran elementos metálicos pintados de color dorado, lo que deja la duda razonable de saber si fueron hurtados o suplantados.

También se habla de inmuebles ocupados irregularmente sin que la SAE haga poco o nada para recuperarlos, cuotas de administración en mora, correspondiente a arrendatarios en algunos casos por más de 12 meses, folios de matrícula sin estimados de renta, avaluó actualizado, lo que no permite realizar un adecuado ejercicio de control sobre los bienes inmuebles administrados por la Entidad.

Todo estos hechos se estarían presentando al parecer bajo la repartija burocrática de la Entidad donde también hay inmuebles en estado arrendado que no cuentan con póliza vigente, que ampare el pago de los cánones, tanto administrados directamente por SAE como por depositario provisional asignado; por el contrario, en algunos casos se evidencia que como garantía fue entregado efectivo en depósito en cuenta, sin embargo, se desconoce como se reciben estos dineros y el procedimiento respectivo. Los escandaloso hechos deberán ser investigados por la Fiscalía General de la Nación, y la Procuraduría se trata de un nuevo escándalo que ahora está en la lupa sobre los verdaderos beneficiarios de las propiedades de la mafia.