El caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue generando impacto político, afectando ahora directamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras las declaraciones de su exasesora María Alejandra Benavides, quien lo acusa de tener pleno conocimiento de las irregularidades. Según Benavides, Bonilla y otros altos funcionarios participaron en un esquema de direccionamiento de contratos para garantizar votos en el Congreso, necesarios para aprobar cupos de endeudamiento internacional.

Radiografía del escándalo

El testimonio de María Alejandra Benavides, entregado a la Fiscalía, revela que tres contratos por más de 93 mil millones de pesos fueron adjudicados a empresas vinculadas a congresistas. Este mecanismo buscaba asegurar el respaldo legislativo a los créditos internacionales gestionados por el Ministerio de Hacienda.

Las declaraciones también implican al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien supuestamente colaboró en la estrategia. Aunque Velasco ha negado rotundamente las acusaciones, los señalamientos persisten.

Tanto el exdirector como el exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, respectivamente, ya habían revelado detalles similares, convirtiéndose en testigos clave dentro del proceso judicial. En su defensa, el ministro Bonilla afirmó que “no hará declaraciones” y dejó su caso en manos de sus abogados, mientras Velasco asegura que no intervino en los hechos, aunque reconoce que el Ministerio de Hacienda lideraba las negociaciones con el Congreso.

Reacciones y posición del Gobierno

El Gobierno de Gustavo Petro ha intentado minimizar el impacto mediático del caso, pero enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la transparencia en su gestión. La Fiscalía continúa investigando para determinar la responsabilidad penal de los implicados. Este escándalo, que involucra compra de votos y desvío de recursos, ha debilitado la credibilidad del Ejecutivo y genera presión sobre el Presidente para tomar decisiones contundentes.

En redes sociales, el escándalo que involucra al ministro Ricardo Bonilla ha polarizado opiniones. Algunos líderes políticos, como el senador Gustavo Bolívar, han expresado su respaldo destacando su trayectoria técnica y su compromiso con las finanzas públicas. Sin embargo, figuras como María Fernanda Cabal han cuestionado su ética, vinculándolo directamente al entramado de corrupción en la UNGRD.

También, periodistas como Daniel Coronell han pedido mayor claridad en las investigaciones, mientras sectores ciudadanos exigen la renuncia del ministro para garantizar transparencia en el proceso.

El caso UNGRD: un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción

El caso UNGRD representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Colombia, exponiendo cómo las prácticas ilegales pueden involucrar a las más altas esferas del poder. Aunque las investigaciones están en curso, este episodio subraya la necesidad de:

  • Reforzar los controles internos.
  • Garantizar la independencia de las instituciones.
  • Proteger los recursos públicos y la confianza ciudadana.

La magnitud de este escándalo deja un mensaje claro: la lucha por la transparencia en Colombia debe intensificarse para evitar que se repitan casos similares.