La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Colombia (ACOPI), bajo la dirección de su presidente Rodolfo Correa, ha expresado su preocupación ante la reforma laboral que actualmente cursa en el Congreso de la República. Según Correa, esta iniciativa legislativa tiene implicaciones negativas directas para las pequeñas empresas del país, lo que afectará tanto su productividad como su competitividad.

Entre las principales preocupaciones destacadas por Correa, se resalta que la reforma sólo beneficia al 25% de la población en edad de trabajar, dejando a la mayoría de los trabajadores por fuera de su alcance. Asimismo, señala que la propuesta vulnera el principio de autonomía de las partes y limita la libertad empresarial, al imponer el contrato a término indefinido como norma general, obligando a los pequeños empresarios a mantener una planta de personal, aun cuando no sea viable económicamente.

Uno de los puntos críticos que ACOPI resalta es el impacto financiero de las nuevas obligaciones. La reforma establece que el 5% de los empleados de una empresa deben ser aprendices del SENA, y si esta institución no puede proveerlos, el empresario deberá pagar una monetización equivalente a 1,8 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado. Esto, según ACOPI, constituye una carga adicional a la nómina que afectará la estabilidad de las empresas.

Además, la reforma incrementa las indemnizaciones por despido injustificado hasta en un 100%, lo que, en opinión del gremio, dificulta la capacidad de los pequeños empresarios para ajustarse a los cambios del mercado. A esto se suma la judicialización de la relación laboral, donde incluso una renuncia puede ser sujeta a demandas por presunta discriminación, afectando la confianza y presunción de buena fe en las relaciones entre empleadores y empleados.

Otro de los aspectos señalados por ACOPI es que la reforma no ha sido discutida adecuadamente con los sectores económicos afectados, ni se han medido los impactos económicos y sociales que podrían derivarse de su implementación. “Solicitamos respetuosamente al Congreso abstenerse de aprobar esta reforma que, además de no haber sido dialogada, generará una disminución en la productividad y un aumento en el cierre de empresas”, concluyó Correa.