El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha celebrado como un logro político la puesta en marcha del proyecto Puerto Antioquia. Sin embargo, organizaciones y comunidades afro de Urabá, así como víctimas del conflicto en proceso de restitución de tierras, han denunciado que sus derechos no han sido tenidos en cuenta.

La Red de Veedurías de Colombia alertó sobre presuntas irregularidades en la ejecución del megaproyecto portuario, señalando que podría estar beneficiando principalmente a empresas bananeras, propietarias de un porcentaje significativo del puerto.

Investigación por posibles hechos de corrupción

Según la Red de Veedurías, ya existe una denuncia instaurada ante la Procuraduría General de la Nación para investigar posibles actos de corrupción en el desarrollo del proyecto.

Uno de los principales señalados es Jorge David Tamayo, director de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá), quien habría incurrido en presuntas faltas disciplinarias y penales al modificar la licencia ambiental para la conexión de la subestación eléctrica de Puerto Antioquia.

“El director de Corpourabá, en días pasados, resolvió con una firma levantar totalmente las medidas preventivas sobre todos los predios involucrados en el proyecto en lo que respecta a la licencia ambiental, misma que había perdido su vigencia. Esto, desconociendo los derechos de restitución de tierras para las víctimas del conflicto, donde incluso existen pretensiones de las comunidades negras de Nueva Colonia y Puerto Girón, quienes han elevado solicitudes de titulación”, afirmó Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.

Además, Bustos reveló que un informe de diciembre de 2023 elaborado por técnicos de Corpourabá concluyó que las obras asociadas a la licencia ambiental no habían comenzado.

Empresas bananeras y presuntos nexos políticos

La investigación también apunta a un posible favorecimiento a grandes empresas bananeras, algunas de las cuales están bajo investigación penal. Se ha señalado que Jorge David Tamayo podría estar actuando en favor de estos intereses y que su nombramiento estaría ligado al alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, quien enfrenta múltiples procesos judiciales.

Por otro lado, se ha denunciado que el proyecto ha sido ejecutado por Óscar Isaza, un influyente empresario del sector portuario en Colombia. Isaza habría vinculado a su sobrino, Andrés Bustos Isaza, en funciones gerenciales dentro del megaproyecto, lo que ha despertado sospechas de nepotismo, burocracia y amiguismo.

Celebraciones en medio de denuncias

Pese a estas denuncias, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la importancia del proyecto y celebró la llegada del primer vehículo de carga pesada a Puerto Antioquia.

“Paisanos, celebramos: el primer vehículo de carga pesada cruzó Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño, recorriendo un viaducto de 3 carriles y 4.2 km hasta el muelle. Los desafíos no nos detienen. Porque para las causas difíciles estamos nosotros. Superamos obstáculos en Puerto Antioquia y avanzamos con la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo”, expresó Rendón en sus redes sociales.

¿Qué sigue para el proyecto?

Ante la magnitud de las denuncias, se espera que las autoridades competentes analicen la documentación presentada y determinen si existen responsabilidades penales o administrativas en la ejecución del proyecto. Las comunidades afectadas, por su parte, siguen exigiendo que se respeten sus derechos y que se garantice un desarrollo equitativo de la infraestructura portuaria en la región.

Editorial Nación Paisa

Foto cortesía: Colprensa