El Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas reconocerá al pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como víctima del conflicto armado y sujeto de reparación colectiva.

La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, liderará este viernes el acto de notificación al pueblo raizal y presentará la resolución 2023-111763 del 29 de noviembre de 2023 que contiene los daños que debilitaron el proyecto colectivo raizal.

“Este reconocimiento permitirá visibilizar y entender cómo las dinámicas del conflicto se adaptaron de manera diferencial a la insularidad, habla de cómo sus expresiones son distintas a las del resto del país continental”, dijo la directora Tobón.

La Unidad iniciará la ruta para concertar el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), con el fin de resarcir los daños y los derechos vulnerados con ocasión de la guerra.

“El pueblo raizal ha padecido las consecuencias del conflicto sin la atención adecuada del Estado. Todo esto a pesar de las decenas de testimonios de las y los raizales y de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo”, dice un comunicado emitido por la Unidad.

Este reconocimiento es el resultado de un año de trabajo de la Unidad con la población víctima raizal, en el marco de una estrategia de intervención integral.

Durante 2023, la Unidad realizó diálogos comunitarios con representantes del pueblo raizal e instancias del gobierno local en San Andrés, con miras al fortalecimiento organizativo y la reconstrucción de la confianza en la institucionalidad.

En el marco de estos encuentros, el pueblo raizal relató la historia que hay detrás de la llegada del narcotráfico al archipiélago en la década de los 80, las disputas territoriales, la instrumentalización y estigmatización que han sufrido sus navegantes y pescadores por el conocimiento que ostentan sobre el mar.