La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas frente a la inspección que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realiza a la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). Esta acción se da tras denuncias de congresistas que acusan a la SIC de presunta extralimitación de funciones, incluyendo el acceso a chats privados del celular de la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.
Intervención de la Procuraduría
Siguiendo instrucciones del procurador general, Gregorio Eljach, un equipo de expertos de la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública acompaña la inspección para garantizar transparencia y legalidad en el procedimiento. Este grupo ha formulado inquietudes, solicitado documentación y presentado observaciones respecto a la actuación de la SIC.
La Procuraduría ha manifestado preocupación por la ausencia de un acto administrativo que justificara la averiguación preliminar iniciada el pasado 12 de febrero de 2025. Asimismo, se señaló que las pruebas recolectadas por la SIC podrían no haber contado con la autorización judicial correspondiente, lo que podría vulnerar derechos fundamentales como la intimidad y el debido proceso.
Señalamientos contra la SIC
El informe de la Procuraduría destaca que la inspección fue realizada por contratistas de la SIC que carecían de la facultad legal para llevar a cabo interrogatorios o practicar pruebas de carácter judicial. Además, se evidenció que el procedimiento no estuvo debidamente delimitado en su objeto y alcance.
Uno de los hallazgos más relevantes es que los inspectores de la SIC habrían accedido a información privada de la presidenta de Naturgas sin una orden judicial. Según la Procuraduría, esta acción podría constituir una extralimitación de funciones.
Investigaciones previas contra la SIC
Esta no es la primera vez que la Procuraduría investiga a la SIC por presuntas irregularidades en sus procedimientos. En 2024, se formularon cargos disciplinarios contra 16 funcionarios de la entidad por actuaciones similares en la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En dichos casos, se cuestionó la legalidad de la recolección de información sensible y la posible vulneración de derechos fundamentales.
Próximos pasos
La Procuraduría ha anunciado que continuará con la vigilancia preventiva y el análisis de las pruebas obtenidas para determinar si existen responsabilidades disciplinarias. De encontrarse irregularidades, los funcionarios implicados podrían enfrentar sanciones que van desde amonestaciones hasta suspensiones e inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos.
Se espera que en los próximos días la Procuraduría emita un informe con conclusiones definitivas sobre la actuación de la SIC en el caso de Naturgas y adopte las medidas necesarias para garantizar la legalidad y transparencia en los procedimientos administrativos del país.
Foto cortesía: Colprensa
