Este miércoles 6 de noviembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizará la entrega oficial de 3.671 hectáreas de tierras a familias campesinas en Antioquia. Estos predios, anteriormente en manos de exjefes paramilitares como Ramiro Vanoy, alias «Cuco Vanoy,» y Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco,» serán adjudicados a asociaciones campesinas con vocación agrícola en municipios como Caucasia, Tarazá, Cáceres, Puerto Berrío, Zaragoza y Necoclí.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquirió estos terrenos al Fondo de Reparación de Víctimas con el objetivo de apoyar el proceso de Reforma Agraria en el país, priorizando áreas como el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, regiones históricamente afectadas por el conflicto armado y la minería ilegal. La entrega de tierras será encabezada por el presidente Petro en Tarazá, lugar donde recientemente se constituyó la primera Zona de Reserva Campesina de Antioquia.
Tierra productiva para la agricultura y la paz
Farlín Perea Rentería, coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia, detalló el proceso que permitió la asignación de estos terrenos. En audiencia pública, se consultó a las comunidades y líderes locales sobre la constitución de la zona de reserva campesina, una iniciativa que, además de entregar títulos de propiedad, busca fomentar el desarrollo agrícola sostenible y la protección ambiental. En Tarazá, por ejemplo, se han destinado 42.973 hectáreas para la producción de alimentos y la conservación de los recursos naturales.
John Edison Ramírez, coordinador de diálogo social de la ANT, destacó que este proyecto simboliza un avance en la Reforma Agraria, ya que permite restituir tierras a los campesinos despojados en el pasado por grupos armados. En total, 3.280 hectáreas de tierra productiva serán entregadas en el Bajo Cauca, de las cuales 584 están ubicadas en Tarazá.
Compromiso con la Reforma Agraria
La entrega de estos terrenos refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la Reforma Agraria y la restitución de tierras a las comunidades rurales afectadas por décadas de violencia y desplazamiento forzado. Con esta acción, la administración Petro espera consolidar la paz en territorios históricamente dominados por actores armados, empoderando a los campesinos para que se conviertan en agentes de cambio y sostenibilidad en sus regiones.
