La Corte Suprema de Justicia ha solicitado las declaraciones del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este caso también involucra a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Olmedo López, testigo clave, ha afirmado que el Ministerio de Hacienda ordenó la compra de congresistas y la búsqueda de contratos para el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos alegatos forman parte de los procesos investigativos que ahora están bajo la dirección del magistrado Francisco Farfán.
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Paralelamente, el magistrado Farfán ha dispuesto una inspección judicial en las oficinas de la Presidencia y el Senado para recabar información sobre las reformas de salud y pensional. Las declaraciones del presidente Petro y el ministro Jaramillo se tomarán mediante certificación juramentada.
Este cambio en la dirección de la investigación sigue a la decisión de la Corte de retirar el caso del magistrado Héctor Alarcón, debido a una filtración de información reservada. Ahora, el proceso será dirigido por el presidente de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez. La Corte ha expresado su rechazo a la filtración, enfatizando que puede afectar el desarrollo y la integridad de la investigación.
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En su comunicado, la Corte resaltó la importancia de la confidencialidad en esta etapa del proceso para proteger los derechos de las partes y asegurar el avance de las investigaciones. La Corte también solicitó que se investigue la filtración, calificándola como una conducta penal.
Este caso sigue siendo de alta relevancia y complejidad, con implicaciones significativas para el gobierno y la administración de justicia en Colombia.
