Medellín, 22 de junio de 2024. La Personería Distrital de Medellín, a través del proceso Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, inició Indagación Previa en contra de funcionarios por determinar del Metro de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, por presuntas irregularidades en el avalúo y oferta de compra de los predios que intervienen en el corredor vial de la 80.

Según informaciones allegadas a esta agencia del Ministerio Público, los avalúos y las ofertas realizadas a los dueños de los predios del corredor vial de la 80, para la construcción del Metro ligero de la 80, estarían presuntamente por debajo del valor real correspondiente.

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Esta indagación se desarrollará con respeto estricto de la garantía del debido proceso, de tal manera que, si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables y se identifica la existencia de un reproche disciplinario, se procederá con la apertura formal de Investigación Disciplinaria y, de ser el caso, la formulación de pliego de cargos.

La otra cara del Metro de la 80: ¿desplazamiento y expropiación?

Un grupo de ciudadanos inconformes se toman las calles de Medellín para rechazar las ofertas que reciben de parte del Metro de Medellín y la administración municipal, para entregar sus casas, ya que se necesitan para el Metro de la 80.

Algunos de los afectados viven en el barrio El Volador, donde muchos aseguran que no hay garantías para una reubicación digna. Esta lucha viene desde 2021, año en que se anunció la construcción de esta importante obra de movilidad.

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Aseguran que les ofrecen entre uno y dos millones por metro cuadrado, propuesta que se queda corta para conseguir vivienda en Medellín, mientras que la mayoría de los proyectos de vivienda pueden llegar a pedir hasta cinco millones por metro cuadrado.

Temen que, de no aceptar estos precios, terminen siendo expropiados como ha pasado con numerosas obras de desarrollo en la capital de Antioquia.

Ahora bien, si se van ‘por las malas’, solo les pagan el avalúo catastral, por lo que le exigen a la administración en cabeza de Federico Gutiérrez Zuluaga, que haga valer la política pública de protección a moradores, entregando a los afectados viviendas o condiciones similares a las que tenían.

Desde el Metro de Medellín aseguran que el proyecto mantiene abiertos los canales de comunicación con miras a escuchar sus preocupaciones y que la obra pueda seguir avanzando.

El equipo social de la EDU es quien adelanta las socializaciones de la obra y se están analizando varios casos especiales, aunque la mayoría de los moradores han manifestado estar inconformes con los precios ofertados.

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Queda en duda si la Gestión Socio Predial que debe hacerse de conformidad con la llamada “Política Pública de Protección a Moradores”, decreto # 818/2021 en verdad busca proteger los intereses de los propietarios.

Casos como estos se vuelven paisaje en Medellín, ya que vienen ocurriendo detrás de una pantalla de desarrollo e innovación: obras como La Paralela, el Metrocable Picacho, El Naranjal, Puente de la Madre Laura, solo por mencionar algunas obras que dejaron a familias desplazadas de sus viviendas.