Bogotá, 12 de abril de 2024. La Mesa de Seguimiento a los autos 092 de 2008, 009 de 2015 y 515 de 2018 de la Corte Constitucional sobre el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado presentó el octavo informe de seguimiento al estado de cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, en el que se destaca la persistencia de impunidad en casi la totalidad de los casos que conforman los Anexos Reservados.
Mediante estas decisiones, la Corte adoptó medidas tendientes a garantizar los derechos de las víctimas, y le ordenó a las entidades materializar acciones en cuatro componentes: el acceso a la justicia y a servicios de salud, acciones de protección y medidas de reparación.
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La Mesa de seguimiento destacó en el documento que, pese a que han transcurrido 16 años desde el primero de los autos, ni siquiera hay claridad sobre el universo total de víctimas por parte de las entidades encargadas de cumplir las órdenes de la Corte, lo que evidencia la ausencia de información de calidad, poca efectividad y falta de articulación entre ellas para el trabajo de recopilación de datos; esto representa una importante afectación para las personas afectadas por estos delitos, pues no se puede concebir su acceso a la justicia y a la verdad sin un reporte adecuado. Las cifras totales de víctimas que maneja cada entidad son: Fiscalía 608, Unidad para las Víctimas 547, Procuraduría 620 y Ministerio de Salud 708. Por su parte, la Mesa de Seguimiento tiene conocimiento de un total de 768 casos.
Para la Mesa de Seguimiento la ineficiencia de los modelos y estrategias de investigación y judicialización de los responsables son la principal causa del estado de impunidad en el que se encuentran los casos de las mujeres víctimas de violencia sexual. Resalta también que, hasta el momento, ni la justicia ordinaria, ni la justicia transicional han logrado ofrecer una respuesta efectiva para las víctimas, debido a que el foco ha permanecido en los perpetradores y no en los hechos victimizantes.
El informe presentado por la Mesa señala que la estrategia de la Fiscalía General de la Nación no funciona, pues en el 53 % de los casos no hubo avances en etapas procesales, solo hay un 2% de casos con sentencias condenatorias, un 1% con fallos cuyo sentido se desconoce, y solo el 15.6 % tuvo un avance, principalmente en Justicia y Paz. Por otra parte, el 47.5 % de los casos están inactivos en la justicia ordinaria. Estos datos reflejan un panorama de impunidad en el 97 % de los casos.
De otro lado, sobre los casos incluidos en el Auto 515 de 2018, el informe de la Mesa de Seguimiento señala que, aunque la Fiscalía reporta 167 procesos, solo 57 de estos se adelantan por delitos sexuales y el 66 % están inactivos o en fases preliminares de investigación.
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La Mesa de Seguimiento manifestó su preocupación en cuanto a la identificación de autores de los hechos victimizantes, pues reportes de la Fiscalía señalan que en el 82.6 % de los casos no se han determinado. En este punto, el informe resaltó inconsistencias respecto a casos atribuidos a la Fuerza Pública y que en la actualidad, según las respuestas de la Fiscalía, se encuentran en la categoría de “autor indeterminado”.
El informe también destacó los obstáculos en el acceso a reparación, asistencia, atención, protección y problemas estructurales de las políticas públicas encargadas de estos procesos. Además, la Mesa de Seguimiento advirtió las dificultades que tuvo para acceder a la información, por negativas de las mismas entidades.
Para la Mesa estos hallazgos son síntoma de un problema estructural: la falta de políticas para el acceso a la justicia, incluyendo una política criminal que aborde la violencia sexual en el conflicto de manera adecuada y la persistente renuencia a elaborar una política integral de derechos para estas víctimas. En comparación con otros delitos, la violencia sexual sigue estando fuera de las prioridades del Estado.
