Bogotá, 16 de mayo.- Este jueves, periodistas de diversos medios colombianos y agencias internacionales fueron agredidos por miembros de la policía mientras cubrían el asesinato de Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá. Entre los afectados se encontraban profesionales de El Espectador, la revista Semana y las agencias de noticias EFE y Anadolu.

Los incidentes ocurrieron en el viaducto de la Calle 80 con Avenida NQS de Bogotá, lugar donde Fernández fue asesinado. Al menos cuatro policías intentaron impedir que los periodistas realizaran su trabajo, empujándolos, tapándoles los lentes con las manos y amenazándolos con esposarlos.

Las agresiones quedaron registradas en videos tomados por los propios periodistas, evidenciando momentos en los que los uniformados golpeaban a los comunicadores. En una de las grabaciones, se observa cómo un policía derriba al fotógrafo Mauricio Alvarado de El Espectador, quien cayó al suelo en medio del tráfico.

«Empujaron a Mauricio Alvarado y lo tiraron al piso en mitad del puente, obligando a los vehículos a detenerse para no atropellarlo», relató Juan Diego López, camarógrafo de EFE.

La agresión suscitó el repudio de los periodistas presentes, quienes exigieron garantías para poder realizar su trabajo de manera segura. Posteriormente, se confirmó que los policías involucrados fueron separados de sus cargos y serán investigados por estos hechos.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, informó al término de un consejo de seguridad que las investigaciones sobre el asesinato de Fernández están avanzadas, y aseguró que se reforzará la seguridad de los funcionarios del INPEC.

El coronel retirado Élmer Fernández había asumido la dirección de La Modelo el 4 de abril, con la misión de implementar estrategias anticorrupción. Recientemente, había recibido amenazas debido a su labor, las cuales fueron cumplidas este jueves cuando un sicario le disparó mientras se dirigía a su residencia.

Este suceso subraya la necesidad urgente de proteger a los periodistas y garantizar su libertad para informar, así como de asegurar a los funcionarios penitenciarios que trabajan en la lucha contra la corrupción.