Una concejal de Medellín del partido Creemos estaría, al parecer, impedida para votar cualquier proyecto que beneficie a la Secretaría de la Mujer, o incluso para ejercer control político. ¿La razón? En campaña, la Secretaria habría sido donante de su campaña.
Se trata de Paulina Suárez, quien estaría estrechamente relacionada con Valeria Molina, actual Secretaria de Mujeres en Medellín. La denuncia fue hecha por el medio alternativo de izquierda, Zurdos de Corazón.
En esta cuenta, publicaron el fondo nacional de financiación política y dejan en evidencia contribuciones, donaciones y créditos que realizaron particulares en la pasada campaña política de las elecciones regionales.
“Hoy se revisa la secretaría de las Mujeres en Concejo de Medellín. ¿Ya Paulina Suárez declaró su conflicto de interés e impedimentos con la secretaria Valeria Molina que la financió por 30 millones en su campaña? ¿Ya declaró que también son socias de una empresa?”, denunció una cuenta a nombre de Sofía Ramírez.
¿Entonces el trueque era que Valeria Molina le donaba $33 millones a una concejal de @FicoGutierrez y que a cambio la nombraban?
¿Cómo pretende la concejal @paulinasuarez49 hacer control político a la secretaria de Mujeres si le donaron y hasta socia es de la funcionaria?🚨⬇️ https://t.co/6XSxfUJkCy pic.twitter.com/9ppuThLGhh
— Zurdos de Corazón (@ZurdosDeCorazon) January 27, 2024
Aunque Paulina Suárez no se pronunció sobre el tema en sus redes, sí se refirió sobre la Secretaría de la Mujer: “Escuchando, entendiendo y trabajando por el bienestar de las mujeres de nuestra ciudad. Quienes, en estos últimos 4 años, fueron ignoradas y sus derechos fueron vulnerados”.
Vale la pena contar que la misión de la Secretaría es contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y aportar a la disminución de prácticas discriminatorias que atenten contra el desarrollo político, social, económico y cultural de las mujeres del Municipio de Medellín, a través de la implementación de la Política Pública para las Mujeres Urbanas y Rurales de la ciudad (Acuerdo 22 de 2003) la cual “está orientada al desarrollo democrático que se traduzca en relaciones de equidad entre mujeres y hombres, contribuyendo significativamente a la participación de la plena ciudadanía de las mujeres, reduciendo los factores de discriminación e inequidad, alcanzando los cambios socioculturales y económicos necesarios para mejorar su condición, posición y calidad de vida”.
