El hundimiento de la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gustavo Petro ha generado múltiples reacciones y planteado importantes desafíos para el país en el ámbito económico y social. Con 17 votos en contra y 12 a favor en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la propuesta que buscaba recaudar $9,8 billones quedó descartada, obligando al Ejecutivo a replantear su estrategia para financiar el presupuesto de 2025.
El impacto inmediato
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, calificó esta decisión como «un voto en contra de las regiones y de la inversión», subrayando que esta afectará sectores prioritarios del presupuesto de 2025, como vivienda, saneamiento básico, deporte, y seguridad. En total, 31 sectores no contarán con recursos proyectados, afectando desde subsidios de vivienda hasta programas sociales para comunidades vulnerables.
Reacción del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por las consecuencias económicas y sociales de esta decisión. Afirmó que la reforma era clave para garantizar la equidad y criticó los intereses políticos que, según él, buscan debilitar su gestión. Petro advirtió que el rechazo profundiza las brechas sociales y económicas, y anunció que el gobierno priorizará la lucha contra la evasión tributaria y el contrabando, comenzando por sectores como los juegos de azar en línea.
Ajustes y prioridades
El exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, afirmó que los recortes presupuestales que se avecinan deberán evitar ampliar las desigualdades territoriales. Asimismo, Petro enfatizó en la importancia de fortalecer la economía popular y reorientar los recursos hacia proyectos estratégicos regionales.
¿Qué sigue?
Ante este revés legislativo, el gobierno evalúa la posibilidad de presentar una nueva reforma tributaria en 2025, aunque también se contemplan medidas inmediatas, como ajustes en el salario mínimo para compensar la falta de una reforma laboral. Además, el presidente hizo un llamado a garantizar que los programas sociales no se vean afectados por la crisis presupuestal.
La decisión del Congreso plantea un complejo escenario para el Ejecutivo, que deberá balancear la sostenibilidad fiscal con las necesidades de desarrollo social en medio de un contexto electoral decisivo para el futuro del país.
