Por omisión de denuncia como funcionaria pública, podría verse aún más enredada la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien es señalada de ser la mensajera y de cargar miles de millones de pesos con los que supuestamente se sobornó a los presidentes del Senado y de la Cámara durante los períodos de los muy poderosos Iván Name y Andrés Calles.
“La mensajera”, como es señalada Sandra Ortiz, dijo en televisión nacional que ella sabía que un importante empresario que conoce ofreció un multimillonario soborno para hacerse a la dirección de la UNGRD. Según la misma Sandra, en la entrevista que le dio a Caracol Televisión, ella informó de esto a otro importante funcionario. La pregunta es: ¿realizó la denuncia en debida forma o guardó silencio?
Evidentemente, la funcionaria tenía la obligación de denunciar estos hechos de corrupción de cara al artículo 417 del Código Penal, en donde se lee: “Abuso de autoridad por omisión de denuncia. El servidor público que, teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.”
La pena será de treinta y dos (32) hasta setenta y dos (72) meses de prisión, si la conducta punible que se omitiere denunciar es de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular.
Mañana, Sandra Ortiz se verá de nuevo con la justicia. Lo cierto es que ha dejado varios mensajes sobre la mesa, incluso reconociendo delitos, dejando ver el alcance de sus declaraciones.
