Nuevamente la administración Distrital de Medellín entrego un balance sobre el estado de la infraestructura de las instituciones educativas oficiales de la ciudad en medio del retorno de las actividades académicas, y al parecer, según lo informado por las autoridades, hasta la fecha ningún colegio que debía estar intervenido y entregad0 para este 2024 esta listo.
En el informe se indica que pese a la aprobación de $319.000 millones de pesos de vigencias futuras para la intervención de 411 sedes, ninguna se ha entregado completamente, de las cuales 40 debieron ser reparadas y hasta ahora siguen en estado crítico.
Desde la actual administración se afirma que , la administración anterior dejó a las instituciones educativas públicas en graves condiciones de infraestructura, recordando que en agosto de 2022, el Concejo de la ciudad aprobó el presupuesto de vigencias futuras para 411 establecimientos educativos, de los cuales $182.000 millones de pesos eran para intervenir 223 instituciones en 2023 y $137.047 millones para 188 sedes en 2024.
“Infortunadamente, por mala planeación y clientelismo, no se han aprovechado esas vigencias futuras que el Concejo de Medellín entregó como un voto de confianza a la administración anterior para que resolviera los problemas de infraestructura. Nos están poniendo a tener planes de contingencia para que los niños puedan entrar a estudiar”, expresó el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño Aristizábal.
Con el inicio de las jornadas escolares también se detalla en este informe que e las 223 sedes que debían ser intervenidas en 2023, 121 presentan retrasos en la ejecución de obras, de las cuales, 40 están en riesgo para iniciar el año escolar, 24 quedaron con procesos contractuales pendientes y cinco están suspendidas por falta de materiales y suministros. Además, 16 están con problemas contractuales por adiciones no culminadas el año pasado, dos no fueron contratadas, 46 avanzan según lo programado y nueve culminaron actividades
en obra.
La nueva administración de Medellín cuestionó el rigor técnico por parte de los supervisores y de la interventoría, pues ante este panorama, pese a que para este 2024 se encuentran 175 establecimientos educativos priorizados, a la fecha 160 no cuentan con el diagnóstico ni el presupuesto que debió dar la EDU en la administración de Daniel Quintero.
Cabe señalar, que entre los términos acordados con los contratistas, se definió que el incumplimiento en la entrega de documentos acarreaba una multa de $400.000 pesos por día de retraso y en el caso de los atrasos en la ejecución para un contrato de $4.000 millones, la sanción es $4 millones de pesos.
