La justicia peruana ha emitido una orden de prisión preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, acusado de liderar una presunta organización criminal conocida como «Los Waykis en la sombra». La medida fue dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien consideró el alto riesgo de fuga y la posible obstrucción del proceso.

Acusaciones y contexto del caso

Nicanor Boluarte enfrenta cargos por tráfico de influencias, cohecho activo genérico y organización criminal. Según la Fiscalía, habría aprovechado su relación con la mandataria para designar a funcionarios públicos afines en puestos clave, con el objetivo de fortalecer al partido político Ciudadanos por el Perú. Además, se le acusa de exigir aportes económicos a los designados y utilizar estos recursos para promover la inscripción del partido en futuras elecciones.

Las sospechas de su posible fuga aumentaron tras su ausencia en la audiencia judicial, donde se conectó virtualmente por última vez desde un vehículo. Desde entonces, su paradero es desconocido. Su abogado, Luis Vivanco, confirmó que no ha logrado contactarlo en los últimos días.

Antecedentes y otras implicaciones

Esta no es la primera vez que Nicanor Boluarte enfrenta problemas legales. En mayo pasado fue detenido preliminarmente por este mismo caso, pero fue liberado por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, las recientes investigaciones han revelado nuevos elementos, incluyendo testimonios que lo vinculan con contrataciones irregulares en programas sociales durante la gestión de su hermana como ministra.

El caso también implica a otras figuras, como Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta, acusado de ser el brazo legal de la organización; Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de Gobierno Interior, señalado como responsable de aprobar los nombramientos; y Zenovia Herrera Vásquez, quien habría propuesto candidatos para los cargos estratégicos.

Impacto en la imagen presidencial

La presidenta Dina Boluarte, que ya enfrenta una popularidad históricamente baja con un 3% de aprobación, ha negado cualquier vínculo con los actos de su hermano. Sin embargo, su silencio reciente frente a este caso ha generado críticas y dudas sobre su posición en el gobierno.

Además, la mandataria está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito y por su supuesta complicidad en la muerte de manifestantes durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022.

Futuro incierto

Mientras continúan las investigaciones, el paradero de Nicanor Boluarte sigue siendo un misterio. Las autoridades intensifican la búsqueda, conscientes de que su parentesco con la presidenta podría facilitar una posible huida del país.

El caso «Los Waykis en la sombra» no solo pone en jaque la credibilidad de la familia Boluarte, sino que también representa un desafío para la estabilidad política del Perú en un contexto de constantes tensiones sociales y desconfianza hacia las instituciones.