Bogotá, Colombia. Jueves 18 de julio de 2024. Ante la Procuraduría General de la Nación se radicó una queja formal en la que se acusa a la jefe de cartera, Gloria Inés Ramírez, por clientelismo, nepotismo y burocracia.

Todo parece indicar que el Ministerio de Trabajo se volvió, al parecer, una bolsa de empleos para ayudar para bien a los amigos y familiares de la polémica Ministra de Trabajo.

La queja formal, radicada por el señor Jorge Luis Pastrana el pasado 1 de marzo, pero conocida hoy por la Unidad Investigativa de Nación Paisa, indica que se están presentando irregularidades en el Ministerio de Trabajo que son «ejecutadas por la Ministra Gloria Inés Ramírez Ríos y el Secretario General, Guillermo Andrés Rojas».

El documento advierte el nombramiento de la señora Ángela María Orozco Cardona, que a pesar de ser la compañera sentimental del hijo de la señora Ríos, Diego Restrepo, no manifestó ningún conflicto de interés.

Añaden que en el pasado mes de noviembre, al parecer sin llenar los requisitos señalados por la ley, se otorgó una prima técnica por formación avanzada y experiencia calificada a la citada funcionaria. Para esto se requería una experiencia de cinco años y una formación educativa avanzada.

«Como si fuera poco, se asignaron funciones a la fucionaria como Presidente del Comité de Convivencia del Nivel Central y sin respeto alguno por la moralidad pública», señala el citado documento.

Al parecer, la funcionaria no habría declarado su impedimento para analizar y dar trámite a las quejas presentadas por acoso laboral contra el director de la Dirección Territorial de Bogotá, el señor Pablo Edgar Pinto, en contra de la ministra y el secretario general.

«El comité de convivencia es esclavo de los directivos más importantes del Ministerio, pues su presidenta le sirve a los intereses privados de la nominadora y como pago, recibe una cuantiosa prima a la que no tiene derecho», añade la queja de Jorge Luis Pastrana.

Finalmente, señalan que el Viceministro Iván Jaramillo habría sostenido reuniones privadas con fondos de pensiones para negociar aspectos propios de la reforma laboral, presuntamente, a cambio de dinero.