El Ministerio de Igualdad volvería a designar a Juan Carlos Florián Silva como viceministro de Diversidades, cargo para el que había sido nombrado en 2023 pero que nunca llegó a asumir debido a la controversia sobre su pasado como actor de cine para adultos. El nuevo ministro de Igualdad, Carlos Rosero, ha retomado la postulación, destacando la trayectoria del politólogo en derechos humanos y políticas de inclusión social.
La decisión se hizo oficial con la publicación de la hoja de vida de Florián en el portal de aspirantes del Gobierno. Su experiencia incluye trabajo en ONG internacionales, la Alcaldía de Bogotá y recientemente en el Consulado de Colombia en París. Sin embargo, su nombramiento vuelve a generar reacciones divididas.
En octubre de 2023, Florián fue anunciado para el mismo cargo por la entonces ministra de Igualdad, Francia Márquez. No obstante, nunca tomó posesión, en medio de una ola de críticas por su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos. A pesar de que organizaciones de derechos humanos y activistas lo respaldaron, el Gobierno de ese momento optó por mantener vacante la posición.
Florián ha defendido su idoneidad para el cargo, señalando que su trayectoria laboral va mucho más allá de su pasado en la industria del cine para adultos. «Soy politólogo, he trabajado en la formulación de políticas públicas y en cooperación internacional. Mi experiencia es lo que debería importar», declaró en entrevistas previas.
El nombramiento también llega en un momento de cambios dentro del Ministerio de Igualdad, tras la salida de Francia Márquez y la llegada de Rosero. Aunque ambos comparten afinidades políticas, fuentes cercanas al proceso de transición han indicado que la relación entre ambos se vio tensionada en el empalme, lo que podría haber influido en la nueva designación.
Aún se espera la expedición del decreto oficializando su cargo, pero su regreso al Ministerio es visto por algunos sectores como un paso hacia la inclusión y por otros como una decisión polémica. La discusión sobre su designación pone sobre la mesa el debate sobre estigma y derechos en el ámbito público.
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