El estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del ministerio de Salud y Protección social de Colombia y Onusida, aborda la situación de salud de la población venezolana migrante en el territorio nacional, y las respuestas de salud pública -dadas o que se requieren- a enfermedades como el VIH y sífilis, en un contexto de máxima vulnerabilidad social y humanitaria. “El éxodo venezolano se ha convertido en una de las mayores crisis migratorias a nivel mundial. Colombia ha sido el país con mayor recepción de nacionales de ese país con vocación de permanencia de aproximadamente 2,5 millones, pero también atendiendo a buena parte de los desplazados totales que han atravesado por su territorio de forma transitoria”, afirma el informe. Estos datos, recogidos a lo largo de 8 meses de trabajo, dan cuenta de una compleja realidad que exige una atención integral desde diferentes enfoques y acciones institucionales. Es necesario garantizar que el tema de los derechos humanos, la protección y seguridad social y la integración socioeconómica y cultural, determinantes en la salud de esta población, sean parte de la agenda pública nacional.
El estudio “Bienvenir”, se desarrolló en Barranquilla con la participación de 1,716 personas, en Soledad (Atlántico) con 1.398, en Bogotá con 1605 y en Soacha (Cundinamarca) con 1501. Las mujeres representaron el 65% de la población del estudio, 34% fueron hombres y 1% transexuales o no binarios. Entre los datos revelados, sobre la condiciones sociales y el contexto del estudio, se afirma que el principal motivo de los encuestados para abandonar su país es la inseguridad alimentaria (52%) y en segundo lugar inseguridad laboral (25%). El 29% tiene un estatus migratorio regular y el 71% irregular. El 47% sufrió estigmas y discriminaciones, el 6% ha sido víctima de violencia psicológica, física y sexual y el 21% ha padecido ansiedad y depresión. “El 10% de las mujeres refugiadas y migrantes reportó experiencias de violencia mientras vivían en Colombia”. El informe incluye un análisis de salud en general, salud mental y conductual, conductas sexuales e infección por VIH, antecedentes de ITS e infección por sífilis actual, analiza el nivel de discriminación, victimización por violencia, dificultades para la supervivencia y el acceso a servicios humanitarios, tales como asistencia alimentaria, servicios sanitarios nacionales y asistencia jurídica. Respecto a la prevalencia de sífilis, la encuesta arrojo el 5.0 en general entre las ciudades de estudio, y de 0.9% sobre prevalencia de VIH. En relación con la continuidad en la atención a personas con VIH, se establece que el 48% fueron anteriormente diagnosticadas, recibe tratamiento 38% y lleva carga viral suprimida en 35%. “Las personas con estatus migratorio irregular tuvieron un 70% menos de probabilidades de supresión vírica del VIH que las personas con estatus migratorio regular”.
El 5% de los migrantes y refugiados presentaron infección por sífilis, confirmada por laboratorio. El informe indica que “las difíciles condiciones de los procesos migratorios pueden aumentar la susceptibilidad a infecciones y complicaciones clínicas. La separación familiar, la interrupción en las redes de apoyo y medios de vida, la falta de seguridad alimentaria y barreras para la atención sanitaria o educación, exponen al migrante a un contexto de mayor vulnerabilidad al VIH…” A manera de conclusión el estudio reconoce la necesidad de mejorar el acceso a servicios, además de brindar apoyo a los migrantes y refugiados para que conozcan los derechos y servicios sociales y de salud, en especial para personas con bajo nivel de educación. El análisis sugiere también múltiples oportunidades de intervención, así como acciones de salud pública que podrían mejorar la calidad de vida de los venezolanos residentes en el país. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETP), en vigencia desde 2021, se estableció con el objetivo de facilitar el acceso al sistema de salud de esta población. Ello implica el desarrollo de planes de atención, acceso a tratamientos, y sobre todo, de implementación de una política pública con acciones conjuntas entre diferentes actores, enfoque humanitario y diferencial.
