En los últimos días, hemos visto cómo algunos políticos cercanos a Federico Gutiérrez y Álvaro Uribe Vélez, al parecer intentan asumir el papel de jueces, mientras que, presuntamente, los jueces estarían más interesados en la política.

Nos cuentan que varios de ellos (jueces de ejecución de penas) presuntamente se habían reunido con el alcalde de Medellín para hablar de la Paz Total, las políticas de seguridad del alcalde Fico y la aplicación de justicia en Medellín. Esta confusión de roles es peligrosa y puede tener consecuencias graves para la democracia y el Estado de derecho.

Por un lado, tenemos a los políticos que quieren ser jueces. Estos individuos, que en teoría deberían estar enfocados en la gobernanza y el servicio público, parecen más interesados en dictar sentencias y decidir sobre la suerte de los demás, violando derechos fundamentales y manipulando la opinión pública. Imponen narrativas y engañan al electorado. Incluso hay excandidatos al Senado que se presentan como adalides de la justicia, pidiendo que se violen derechos y el debido proceso para sus rivales, pero exigiendo el respeto absoluto de estos mismos derechos para su líder natural.

Otro caso evidente es el de Julia Correa, política del Centro Democrático, quien, arropada en el periodismo de Revista Semana, presuntamente emite señalamientos que pueden confundir a la opinión pública. Esto no solo es inapropiado, sino que también puede llevar a la politización de la justicia y a la erosión de la independencia judicial.

También resalta el caso de la concejal Claudia Carrasquilla, quien dio el salto de ser fiscal a convertirse en una líder política del Centro Democrático en Medellín, algo que ha sido muy poco común. Incluso, fue aspirante a la Alcaldía de Medellín, pero desistió para obtener una curul al Concejo de Medellín, mientras es investigada por fraude procesal en concurso con falsedad en documento público.

Por otro lado, tenemos a los jueces que se comportan como políticos. Estos magistrados, jueces, fiscales e investigadores del CTI o la Policía Judicial, que deberían estar enfocados en la interpretación de la ley y la protección de los derechos fundamentales, parecen más interesados en promover sus propias agendas políticas y sociales.

El magistrado Jorge Hernán Díaz, quien ordenó la suspensión del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al parecer tendría antecedentes de cercanía con el uribismo. Según una investigación de la Revista RAYA, Díaz fue parte del equipo de abogados que defendió al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro. Además, cuando trabajó en la Fiscalía, habría archivado el caso contra el exfiscal uribista Gabriel Jaimes.

Un caso destacado es el de la poderosa exdirectora de la Fiscalía en Medellín, Yiri Milena Amado Sánchez, quien terminó siendo empleada del actual alcalde y, al parecer, no llegó sola. Según dos fuentes, llevó consigo parte de su equipo. Le preguntamos sobre este tema a la propia Alcaldía de Medellín a través de su jefe de prensa Liliana Castaño, hace más de 13 días, y aún no hemos recibido respuesta.

Esto no solo es inapropiado, sino que también puede llevar a la judicialización de la política y a la pérdida de confianza en el sistema judicial.

La confusión de roles entre políticos y jueces es un problema grave que requiere una solución urgente. Es importante recordar que la separación de poderes es un principio fundamental de la democracia, y que cada rama del gobierno tiene sus propias responsabilidades y límites.

En conclusión, es hora de que los políticos se enfoquen en la gobernanza y el servicio público, y que los jueces se enfoquen en la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Solo así podremos garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, y proteger la democracia y el Estado de derecho.

Editorial Nación Paisa

Fotos cortesía: Colprensa