Su testimonio busca aportar información sobre los hechos que investiga el magistrado Misael Rodríguez Castellanos.
El caso, que se centra en el delito de cohecho impropio, involucra a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte, así como al exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz Cabrera.
El expediente cuenta con más de 50 pruebas documentales obtenidas mediante órdenes de policía judicial y más de 10 testimonios que señalan a los investigados, quienes habrían aceptado beneficios a cambio de aprobar proyectos financiados con recursos de la UNGRD.
Las operaciones de crédito bajo la lupa estarían relacionadas con proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
La declaración de Reyes busca esclarecer qué información tiene sobre las presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD y si hubo injerencia en la aprobación de los créditos.
El proceso sigue en etapa de recolección de pruebas, mientras la Corte evalúa los testimonios y documentos para determinar eventuales responsabilidades.