Una reciente publicación del periodista Juan Pablo Barrientos de Casa Macondo, dejó en evidencia que Lina Moreno de Uribe, esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue demandada por Enrique Antonio Hernández Ávila, un campesino que trabajó más de cinco años en la hacienda El Ubérrimo, propiedad de la familia Uribe. Hernández alegó que trabajaba en condiciones precarias, cumpliendo jornadas de hasta 16 horas diarias sin recibir los pagos legales correspondientes a pensión, salud y otras prestaciones laborales.

La demanda, interpuesta en 2007, detalló que Hernández comenzó a trabajar en El Ubérrimo el 17 de septiembre de 2001. Sus tareas incluían ordeñar, fumigar, arreglar cercas y otras labores de mantenimiento. Según su testimonio, su jornada comenzaba a las 3:30 a. m. y finalizaba a las 7:00 p. m., de lunes a lunes. A pesar de su dedicación, no recibió el subsidio de transporte, dotaciones ni estaba afiliado a un fondo de pensiones. Aunque fue afiliado a una EPS, esto ocurrió más de un año después de haber comenzado a trabajar.

Hernández fue despedido sin justa causa el 30 de diciembre de 2006, tras lo cual decidió iniciar acciones legales contra Lina Moreno de Uribe, quien figura como la representante legal de la sociedad dueña de El Ubérrimo. La demanda tenía como objetivo el reconocimiento de pagos por indemnización, horas extras diurnas y nocturnas, recargos dominicales y festivos, y otros beneficios laborales que nunca le fueron concedidos. En total, reclamaba más de veinte millones de pesos.

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La respuesta de la familia Uribe fue contundente. Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y gerente suplente de la sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, negó las acusaciones a través de su abogado, Juan Guillermo Herrera. Alegaron que Hernández renunció voluntariamente, que trabajaba solo seis horas al día y que vivía cerca de la hacienda, por lo que no requería subsidio de transporte. Además, Herrera argumentó que la familia siempre estuvo pendiente de su salud y que «nunca se enfermó», pero admitió un error involuntario en la afiliación a pensiones.

Sin embargo, en enero de 2008, apenas cuatro meses después de haber negado las acusaciones, la familia Uribe Moreno acordó pagar a Hernández seis millones quinientos mil pesos, una tercera parte de lo que el campesino inicialmente reclamaba. El acuerdo llevó al archivo del proceso en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería.

Este caso ha resaltado las condiciones laborales de los trabajadores rurales en Colombia y la lucha por el reconocimiento de sus derechos. La historia de Enrique Hernández expone cómo, incluso en propiedades de alto perfil como El Ubérrimo, se pueden presentar violaciones a los derechos laborales.