La Fiscalía General de la Nación y la Policía anunciaron que investigan las «circunstancias de modo, tiempo y lugar» en que se presentó el 15 de junio un atentado con un vehículo cargado con explosivos al interior de la Brigada 30 del Ejército, en la ciudad de Cúcuta (nordeste), que dejó 36 personas heridas.
«Se determinó que una persona ingresó con una [camioneta] Toyota Fortuner 2017 blanca a las 12:35 del mediodía. Esta persona (…) ingresó por el control de esta brigada y estamos verificando si se cumplieron los protocolos de seguridad para los ingresos en estas unidades militares», dijo el fiscal General, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Diego Molano.
Barbosa descartó que esa persona estuviera ligada a la Fiscalía o cualquier entidad pública, luego de que versiones preliminares indican que se habría hecho pasar por funcionario público.
«Una vez esta persona ingresó, parqueó [estacionó] el vehículo en un lugar y lo mantuvo hasta las 14:45 p.m. Posteriormente el sujeto sale de la sede militar (…) y a las 3:01 p.m. se produce la primera explosión«.
Según Barbosa, el sujeto primero estacionó el vehículo frente al dispensario, pero posteriormente lo condujo hacia «las instalaciones de la estructura de apoyo de la Fiscalía», donde finalmente lo abandonó.
Luego de que se registró la primera explosión, «a las 3:04 p.m. se produjo una segunda explosión», dijo Barbosa.
El funcionario agregó que fueron hallados «más de 2.000 metros de cordón detonante» y que «se están haciendo los estudios técnicos para determinar el tipo de explosivo y la cantidad utilizada».
Asimismo, reiteró que la primera hipótesis apunta a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero no se descartan otras, entre ellas que el atentado fue cometido por la Segunda Marquetalia (grupo creado por el exFARC alias ‘Iván Márquez’) o por las disidencias del frente 33 de las FARC.
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, indicó que se trabaja en cuatro líneas de trabajo, entre las que se incluye una investigación disciplinaria que estará a cargo de la Brigada 30 del Ejército.
Mientras se adelantan las investigaciones, siete uniformados fueron relevados de su cargo, por ser los directos responsables de la seguridad del cantón.
Según el oficial, se trata de tres funcionarios, un teniente coronel comandante del batallón de apoyo y servicio para el combate No. 30, un segundo comandante y un oficial de operaciones, así como cuatro suboficiales: el comandante de guardia, suboficial de administración, cabo de guardia y cabo relevante.
Asimismo, dijo que se fortalecerá la inteligencia preventiva y la contrainteligencia para la protección de personal y materiales, y se reforzará la seguridad en todas las guarniciones militares del país.
A su turno, el ministro de Defensa, Diego Molano, reiteró que fueron 36 los soldados heridos y que sólo uno de ellos permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), «dos fueron intervenidos quirúrgicamente y ya están fuera de peligro y en recuperación», mientras que «el resto será dado de alta en las próximas horas».
De igual modo, subrayó que «ninguno de los miembros del grupo asesor estadounidense que acompaña la lucha contra el narcotráfico resultó afectado de manera grave» y que dos tienen heridas leves, tal y como lo dijo el mismo funcionario en la noche del martes y la Embajada de Estados Unidos en un comunicado.
Pese a las diferentes hipótesis que se manejan, Molano señaló al ELN como responsable y a los integrantes de su Comando Central (Coce), quienes permanecen en La Habana como gestores de paz de esa guerrilla.
«Que quede claro que los miembros del comando central del ELN tienen responsabilidad, estos terroristas no pueden seguir posando de gestores de paz en el extranjero mientras que cometen actos atroces contra nuestros soldados y los colombianos», dijo.
Las autoridades mantienen una recompensa de 500 millones de pesos (135.000 dólares) para quien dé información que permita la detención de los responsables del atentado.
