La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes del Secretariado de las extintas Farc-EP como responsables máximos del reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado en Colombia. Los señalados, que deberán responder por graves crímenes de guerra, incluyen a Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillo.

Entre 1971 y 2016, las Farc-EP reclutaron a 18.677 niños y niñas, con un incremento de estos hechos entre 1996 y 2016, periodo en el que la JEP centró su investigación. La Sala de Reconocimiento determinó que cada uno de los acusados es responsable de cinco patrones macrocriminales que caracterizan los delitos cometidos en el marco de la vida intrafilas.

Patrones macrocriminales y responsabilidad de los exintegrantes de las Farc-EP

El Caso 07, bajo la JEP, documentó los patrones de violencia que afectaron a miles de niños y niñas reclutados. Uno de los patrones más relevantes es el de reclutamiento y utilización de menores, incluidos menores de 15 años. Según la JEP, los exlíderes de las Farc-EP son coautores mediatos del crimen de guerra al reclutar a niños y utilizarlos en hostilidades.

Otro patrón evidenciado son los malos tratos, torturas y homicidios perpetrados contra los menores durante su tiempo en la guerrilla. La JEP imputó a los señalados como coautores de crímenes de guerra, debido a las condiciones de violencia física y psicológica que los menores enfrentaron, así como las ejecuciones sin un juicio justo.

Además, el informe del tribunal identificó violencias reproductivas que afectaron específicamente a niñas, un patrón en el que se les acusa como coautores mediatos de actos de tortura y homicidio. La JEP también documentó casos de violencia sexual, tanto contra niñas como contra niños reclutados, y responsabilizó a los exlíderes guerrilleros como autores por mando, debido a los actos de violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual que ocurrieron en este contexto.

Un proceso hacia la justicia

La imputación de estos seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP representa un avance en la lucha contra la impunidad en Colombia y busca justicia para las víctimas del conflicto. La JEP continuará evaluando los testimonios y evidencias para determinar la responsabilidad final de los implicados, quienes podrían enfrentar sanciones en el marco de los acuerdos de paz.

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