Por medio de una visita de verificación, la Defensoría del Pueblo constató que tras las inundaciones, la población no cuenta con ningún derecho fundamental, desde el nulo acceso al agua potable hasta la inexistencia de servicios básicos de salud.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada de Asuntos Colectivos y del Ambiente, y la Regional La Guajira, adelantó una visita de verificación de condiciones de derechos en el asentamiento 3 de Abril del municipio de Uribia, en la Guajira, tras el paso de la tormenta tropical Julia que dejó a la comunidad incomunicada por sus vías terrestres.
Allí se evidenciaron las difíciles condiciones de acceso al agua, alimentación, servicio de atención básico de salud, y después de las inundaciones que ocasionó la tormenta Julia, la Defensoría del Pueblo verificó con las comunidades en los sectores más alejados del asentamiento, que las ayudas todavía no han llegado a los más vulnerables.
«Encontramos una situación que se repite año tras año en esta región de La Guajira, en donde los arroyos se crecen por la lluvia incesante y como en cualquier parte del país, las comunidades más vulnerables son las más afectadas, en este caso el asentamiento 3 de Abril», aseguró el Vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, al culminar el recorrido por las rancherías del sector.
El asentamiento 3 de Abril es un barrio compuesto por inmigrantes venezolanos y provenientes del pueblo Wayuu sin tierra, y no cuentan con acueducto, alcantarillado, ni electricidad, y como consecuencia de las recientes inundaciones por la ola invernal y los estragos de la tormenta Julia, la comunidad quedó sin vías de acceso terrestres.
Tras la visita de verificación, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a la institucionalidad para que trabaje en la llegada oportuna de las ayudas humanitarias destinadas por el Gobierno nacional para la región, dado que las comunidades reclaman que estas ayudas no han llegado a los sectores que están detrás de la zona de las inundaciones.
«Desde la Defensoría instamos a tomar medidas estructurales que garanticen derechos fundamentales como las vías adecuadas en la región, la garantía del acceso al agua, la electricidad, el saneamiento básico y la salud en esta región del país», finalizó el Vicedefensor del Pueblo.
