La audiencia en la que la Fiscalía planeaba imputar cargos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a doce de sus exfuncionarios, ha sido aplazada por decisión del juzgado 16 penal municipal. El aplazamiento se realizó después de que los abogados defensores presentaran solicitudes para postergar el proceso, argumentando motivos profesionales y personales.
Originalmente, la diligencia estaba prevista para el 25 de marzo de 2025 a las 2:15 p.m., y en ella la Fiscalía tenía la intención de formular cargos por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por acción. Sin embargo, los defensores presentaron argumentos para que la audiencia se reprogramara.
Una de las solicitudes provino de la abogada Astrid Carvajal, quien señaló que debía cumplir con compromisos académicos en la Universidad Santo Tomás y con audiencias previas en la Corte Suprema de Justicia. A su vez, el abogado de Quintero, Luis Antonio Hernández Barbosa, expresó que necesitaba más tiempo para preparar la defensa de su cliente.
La jueza Natalia Echeverri Cardona aceptó las peticiones y devolvió el expediente al centro de servicios judiciales para que se reprogramara la audiencia de manera urgente. Esto añade un nuevo retraso al caso, que ha mantenido en vilo a la opinión pública debido a las implicaciones políticas y jurídicas que involucra.
Daniel Quintero puso la cara en la antesala del inicio del juicio en su contra, por caso “Aguas Vivas”: insistió que “Fico irá a la cárcel” – Infobae https://t.co/n9F6e7QJ5i
— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) March 25, 2025
La investigación
Este caso se centra en las presuntas irregularidades cometidas durante la negociación de un predio conocido como Aguas Vivas. Quintero ha manifestado que, aunque el negocio presentó inconsistencias, estas fueron causadas por su denunciante, el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que la valorización del terreno ocurrió en la administración de Gutiérrez, pero fue Quintero quien, al firmar el decreto que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial, permitió que se ampliaran las posibilidades de explotación del predio. Esto provocó un aumento de más de mil por ciento en su valor catastral.
El aplazamiento de esta audiencia pone un nuevo capítulo en este proceso judicial, que sigue siendo un tema de gran controversia tanto a nivel local como nacional.
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