El Fiscal Federal No. 4, Carlos Stornelli, ha manifestado la necesidad de intensificar las acciones de investigación para esclarecer la posible responsabilidad del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en asesinatos y desapariciones forzadas, conocidos como “falsos positivos”. Esta decisión surge como respuesta a la querella presentada en Buenos Aires el 7 de noviembre por familiares y representantes de víctimas de estos crímenes durante el mandato de Uribe.
La solicitud en Argentina para investigar a Álvaro Uribe
El Fiscal Stornelli ha solicitado al Juez 2 Federal, Sebastián Ramos, abrir la investigación contra Álvaro Uribe Vélez y otros posibles responsables relacionados con la comisión de “falsos positivos” entre los años 2002 y 2008. La querella se basa en el principio de jurisdicción universal, que faculta a los Estados a investigar y sancionar crímenes internacionales, independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas.
La acción legal fue presentada en Argentina debido a la jurisdicción universal, con el propósito de buscar justicia para las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad. Once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales colombianas, respaldadas por abogados argentinos e internacionales, buscan desmontar la impunidad histórica que ha rodeado al exmandatario por su presunta implicación en estos hechos.
“Esta decisión constituye un avance importante en nuestra lucha contra la impunidad y nos acerca a la verdad que hemos aguardado durante décadas. Esperamos que la investigación avance de manera pronta y que exista colaboración por parte del Estado Colombiano”, expresan las víctimas querellantes.
El Fiscal Stornelli ha solicitado exhortos a las autoridades colombianas para obtener información sobre los hechos, directivas emitidas por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz y testimonios de las víctimas querellantes.
Este paso en la investigación es crucial para arrojar luz sobre las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas durante el mandato de Uribe. Las víctimas y organizaciones no gubernamentales esperan que la investigación avance rápidamente y que el Estado colombiano colabore en este proceso.
