La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos patrulleros de la Policía Nacional, Juan Esteban Villa Álvarez y Jeisson David Rodríguez Campos, por su presunta implicación en la fuga de varios presos en Segovia, Antioquia. Los uniformados fueron acusados de recibir sobornos para permitir la evasión de los reclusos de una estación de policía en septiembre de 2021.

La fiscalía presentó los cargos ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de favorecimiento de fuga de presos agravado y cohecho propio. Sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos en su contra. La investigación se centra en los hechos ocurridos en la madrugada del 24 de septiembre de 2021, cuando cinco presos, entre ellos un presunto cabecilla del Clan del Golfo, lograron escapar tras romper los barrotes de sus celdas.

Detalles de la fuga y los vínculos con el crimen organizado

Según las investigaciones, días antes de la fuga, los dos policías habrían sido contactados por miembros del Clan del Golfo, un grupo criminal activo en el nordeste antioqueño. Estos les ofrecieron una suma de 15 millones de pesos a cambio de permitir la entrada de una segueta al centro de detención. Además, se descubrió que los uniformados, durante su turno de custodia, habrían facilitado la entrada de otros elementos ilícitos, como teléfonos celulares, a cambio de dinero.

La fuga de los presos causó gran conmoción en la comunidad local, dado que uno de los fugados es señalado como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en la región. Este grupo criminal ha sido responsable de numerosas actividades ilícitas en el nordeste de Antioquia, y su presencia sigue siendo un desafío para las autoridades en la zona.

Medida de aseguramiento domiciliaria para los acusados

El juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento domiciliaria a los dos policías investigados, quienes deberán permanecer en sus hogares mientras continúa el proceso judicial. La Fiscalía aseguró que continuará con la recolección de pruebas para esclarecer el caso y determinar la participación de los acusados en otros posibles delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado.

Este caso refleja una creciente preocupación sobre la posible infiltración de organizaciones criminales en las fuerzas de seguridad, lo que pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.

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Repercusiones para la seguridad en Antioquia

El incidente también pone en evidencia las vulnerabilidades en los centros de detención en Antioquia y la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en las estaciones de policía. Las autoridades locales han expresado su preocupación por la fuga de reclusos involucrados en grupos criminales y han prometido reforzar las medidas para evitar que estos hechos se repitan.

La judicialización de los policías es un paso importante en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, pero también subraya la persistente amenaza de las organizaciones criminales que operan en el departamento de Antioquia.