En cumplimiento de su mandato constitucional de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, la JEP avanza en los trabajos de investigación, prospección y exhumación en Riosucio, Caldas, en donde la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ha reportado 35 hallazgos forenses (partes de cuerpos esqueletizados). Esto, en el marco de las medidas cautelares adoptadas para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada y de otros graves crímenes.

La tercera jornada de exhumación, en el cementerio El Carmen, se llevó a cabo entre el 29 de mayo y el 2 de junio. Hasta allí llegaron un grupo de antropólogos, odontólogos expertos y un equipo interdisciplinario del Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef), de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que estuvieron trabajando en la recuperación de 7
hallazgos forenses que fueron entregados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que avance en su identificación.

Como fruto de las actuaciones integrales ordenadas por la JEP, actualmente se tienen trazadas 68 áreas de interés forense protegidas, 15 en el Territorio Ancestral y 53 en el cementerio El Carmen, del municipio de Riosucio (Caldas), donde el grupo de expertos profesionales de JEP ha intervenido más del 50 por ciento de los sitios de interés. En estos puntos identificados,
se podrían encontrar miembros de las comunidades indígenas de San Lorenzo, Cañamomo y Lomaprieta, entre otros.

Al respecto, el despacho de la magistrada María del Pilar Valencia García, relatora de estas medidas cautelares, ha aplicado al enfoque étnico y territorial. En el proceso se ha sostenido un diálogo intercultural con las autoridades de los resguardos indígenas ubicados en los municipios de Riosucio y Supía, en el occidente del departamento de Caldas, para escuchar y
atender sus inquietudes en aras de incluir su voz en el trámite judicial y respetando su cosmovisión. Estos enfoques se han conjugado con el principio de la centralidad de las víctimas, para que en el trámite ante la JEP materialicen sus derechos.
Precisamente, la Sección avanza en el trámite de la medida cautelar a raíz de la solicitud elevada por el Cabildo Central del Territorio Ancestral San Lorenzo y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

En el proceso judicial, las mismas comunidades han percibido un cambio en la forma en que se administra la justicia y resaltan el avance que ello significa desde su cosmogonía. Así lo destacó Sori Mildonia Morales, gobernadora del Resguardo Indígena de San Lorenzo. Por su parte, Arnobia Moreno, coordinadora de Justicia Propia del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, subrayó las decisiones adoptadas por la Jurisdicción y la importancia del diálogo entre la Jurisdicción y su sistema. “Vemos muy importante todos los procesos con la JEP. Me motivó mucho estar acá y creo que la única manera que podemos entre todos colaborarnos es ayudar a esclarecer los hechos que pasaron en el territorio a través de estos
enlaces entre las instituciones y comunidades indígenas”, expresó.

Igualmente, la JEP ha coordinado con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) para que la articulación institucional del Sistema Integral para la Paz se traduzca en beneficio para las víctimas involucradas en este trámite cautelar, que busca proteger a las víctimas de desaparición forzada y los derechos de sus familiares. Como parte de
esta coordinación, se desarrollaron jornadas de atención integral a las víctimas. En ellas, se resolvieron dudas, se acopió información sobre sus casos y se tomaron muestras biológicas de ADN, que le permitan a Medicina Legal avanzar en la identificación de los hallazgos y entrega digna a los familiares de las víctimas