La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la compulsa de copias en contra de más de 20 oficiales de alto rango, incluyendo al general en retiro Iván Ramírez Quintero y al exsuperintendente Herman Arias, por su presunta responsabilidad en la expansión del paramilitarismo en el departamento de Antioquia. Estos oficiales, según la JEP, habrían facilitado la operación de grupos paramilitares en diferentes regiones del país, especialmente en Antioquia y en zonas conflictivas como el Meta y el Magdalena Medio.
Entre los acusados, además del general Ramírez Quintero, se encuentran los generales en retiro Jaime Humberto Uscátegui y Francisco René Pedraza, a quienes se señala de haber colaborado de manera activa con las organizaciones paramilitares, ya sea permitiendo su expansión o ignorando su deber constitucional de proteger a la ciudadanía. El caso involucra específicamente los incidentes que la JEP clasifica dentro de los expedientes 03, 04 y 08, los cuales están relacionados con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
La investigación de la JEP también documenta la relación entre las fuerzas militares y la violencia ejercida contra militantes de la Unión Patriótica en la década de los 90, incluyendo asesinatos y desapariciones en municipios como El Castillo, Lejanías y Granada. La magistratura destacó que, además de ser cómplices, algunos oficiales de la Brigada VII y del BIVAR participaron en coordinación con los paramilitares en estas regiones.
Asimismo, el tribunal de paz ha emitido decisiones que incluyen el crimen internacional de tortura, imputación bajo la cual varios oficiales podrían ser juzgados. Entre los afectados figuran víctimas pertenecientes a comunidades indígenas, como los pueblos Wiwa y Kankuamo, además de campesinos y personas en situación de vulnerabilidad. Por esta razón, la JEP hace un llamado a ofrecer acompañamiento psicosocial a las víctimas, respetando sus particularidades culturales y sociales, como un paso fundamental para facilitar su proceso de sanación y comprensión del conflicto.
La Sala de Reconocimiento de la JEP también ha solicitado un listado de presuntos responsables no obligados a comparecer, para que sus casos puedan ser derivados a la justicia ordinaria. De esta manera, el proceso busca garantizar que las personas vinculadas a graves delitos sean juzgadas y sancionadas de acuerdo con la ley, evitando que estos casos queden impunes y asegurando el acceso a la verdad para las víctimas.
