La JEP  imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales, todos antiguos miembros de la Brigada IV del Ejército Nacional, por su participación en al menos 442 falsos positivos cometidos en Antioquia entre 2004 y 2007. Este escándalo, que involucra homicidios y desapariciones forzadas, dejó una herida profunda en el departamento, al ser presentadas como bajas en combate a personas inocentes.

Los generales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria fueron identificados como los responsables máximos de liderar la política de «conteo de cuerpos» que promovió el crimen. Esta práctica, que involucró a al menos 442 víctimas, se llevó a cabo bajo la premisa de incrementar las cifras de bajas en combate en medio del conflicto armado.

Además de los generales, fueron imputados 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones, quienes jugaron un papel decisivo en la implementación de esta política criminal o participaron directamente en los crímenes. También fueron involucrados dos civiles, quienes integraban una red dedicada a reclutar a las víctimas, a cambio de dinero, para entregarlas a los militares.

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Torturas y violaciones a los derechos humanos

Por primera vez en la historia de las imputaciones por falsos positivos, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha confirmado que, en al menos 22 casos, las víctimas fueron sometidas a torturas. Fueron 41 las personas afectadas, muchas de ellas campesinas del Oriente Antioqueño, quienes fueron acusadas injustamente de ser guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. Para obtener información o confesar complicidad, las víctimas fueron torturadas.

Un caso emblemático de crímenes sistemáticos

Este auto de imputación forma parte del Caso 03 de la JEP, que investiga los falsos positivos en todo el país. Hasta la fecha, se han emitido siete autos de determinación de hechos y conductas (ADHC), y la JEP ha identificado un patrón macrocriminal que se repitió en varias regiones del país, entre ellas Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, y el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.

Hasta ahora, 106 máximos responsables han sido imputados por la JEP. De estos, 92 han reconocido su responsabilidad en audiencias públicas, las cuales se transmiten en vivo y permiten la participación activa de las víctimas. Además, se han remitido 821 antiguos militares a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), donde 53 casos han sido exonerados de persecución penal.