El senador del partido Alianza Verde y analista político, Ariel Ávila, realizó un detallado análisis en sus redes sociales sobre la compleja situación que rodea al predio Tulio Ospina, un terreno de más de 90 hectáreas ubicado en el Valle de Aburrá. Este predio, que fue entregado como un “regalo” a varios municipios de la región, está afectando el desarrollo de importantes proyectos, incluyendo la expansión del Metro de Medellín.

El terreno de 97 hectáreas fue originalmente donado en 1974 por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con la condición de que se utilizara exclusivamente para un parque metropolitano accesible a todos los municipios del Valle de Aburrá. Sin embargo, en 2017, durante las administraciones del exgobernador Luis Pérez y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se modificó la escritura del predio, eliminando la restricción que limitaba su uso a un parque. Este cambio abrió la posibilidad para otros proyectos, como la construcción de un autódromo, un parque de deportes a motor, el traslado de la Fábrica de Licores de Antioquia y una universidad digital.

Según Ávila, desde que el terreno fue entregado en 1986 al Metro por parte de Invías, Metroparques y la empresa Metro de Medellín, ya presentaba ciertas irregularidades. Entre ellas, destaca que la entrega no contó con la autorización de los concejos de los diferentes municipios a los que pertenecía el predio. Además, Metroparques no estaba facultada para ceder ninguna área del terreno, situación que se repitió en 1986 cuando se celebró un segundo contrato para la construcción del viaducto de la línea A.

El senador Ávila advirtió que el problema va más allá de simples irregularidades administrativas, ya que también hay cuestionamientos sobre la tenencia del terreno. En el primer semestre de 2024, cuando se consideró entregar el lote 1 al Metro de Medellín, se descubrió que no existían escrituras formales para realizar dicha entrega. Esto significa que, según Ávila, el Metro de Medellín no es dueño legal de ningún terreno.

La situación genera preocupación no solo por el impacto en los proyectos de infraestructura, sino también por las posibles implicaciones legales y administrativas que podrían derivarse de estas presuntas irregularidades. Las autoridades locales y nacionales estarán bajo escrutinio mientras se aclaran los detalles de la propiedad y uso del predio Tulio Ospina.